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Por Margarita Jarque *

Quienes tienen menos de 29 años representan el 70 por ciento de la población latinoamericana y el 25 por ciento de la población total de nuestro país. Según datos oficiales, el 16 por ciento de la juventud argentina no tiene acceso al estudio y al trabajo y un tercio vive en condiciones de pobreza. Producto de esta realidad, el 45 por ciento entre 15 y 24 años carece de cobertura médica por fuera del hospital público. Estas cifras demuestran las condiciones de marginación a la que están sometidos por las políticas neoliberales de desindustrialización y destrucción del aparato productivo.
En estos últimos días han surgido en escena los jóvenes como destinatarios de una propuesta que surge del viejo partido militar que, bajo diversas formas, tiene como objetivo final ejercer su control social e ideológico, en especial de aquellos que se encuentran en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad social. Se han lanzado ideas como “colimba educativa”, “servicio social voluntario” y hasta el retorno al viejo servicio militar obligatorio. Resulta realmente triste que “correr, limpiar y barrer” sea la alternativa pensada para nuestros jóvenes.
Aun si tuviéramos las mejores Fuerzas Armadas, quienes tenemos responsabilidades públicas debemos saber que las políticas sociales no son materia castrense. Es nuestra la obligación de posibilitar a los jóvenes el lugar protagónico que deben tener por tratarse de un actor estratégico en los procesos de desarrollo económico y social.
Debe existir una política pública nacional de juventud que diseñe y coordine acciones positivas con un criterio de integralidad. Creo imprescindible aportar herramientas como lo es una ley marco que les garantice un piso de derechos y obligaciones, reconociéndolos como sujetos de derecho, aunque esto parezca una obviedad. A su vez, la creación de un Instituto Nacional de Juventud que habilite la confluencia de juventudes estudiantiles, sindicales, ecuménicas, agrarias, ONG; un instituto que coordine las políticas de diferentes sectores de la administración (educación, salud, trabajo, cultura), garantizando de esta manera su efectiva inclusión y contención.
Sólo así empezaremos a alejarnos de esa visión estrecha y despectiva de los jóvenes como fuente permanente de conflictos, para acercarnos a propuestas que integren sus derechos y sean formativas en sus responsabilidades y obligaciones. Y estaremos desterrando además, esta variante encubierta de golpear –¿nuevamente?– las puertas de los cuarteles reclamando una manita solidaria.
* Diputada nacional (Frente Grande-Interbloque Alternativa).