SOCIEDAD › RECLAMO DE VECINOS DE LA EX AU 3

Contra los desalojos

“Nos hablan de una situación de vida indigna. Pero lo que es humillante es el decreto del gobierno macrista, que nos deja en la calle con un miserable subsidio. Somos dignos de nuestro derecho a una vivienda.” Albaluz Castillo fue la primera vecina, ocupante de las viviendas de la traza de la ex AU 3, en Villa Urquiza, en hablar frente al edificio de la Cámara de Apelaciones porteña. Más de cien personas, entre vecinos y organizaciones, participaron de la concentración para respaldar las medidas judiciales que impiden los desalojos “masivos, compulsivos y administrativos” del gobierno porteño en la zona y que fueron apeladas por el Ejecutivo. Los vecinos, además, entregaron un petitorio con sus reclamos a los jueces que deberán fallar sobre su situación habitacional inmediata: “Usurpación del espacio público es la entrega de nuestras tierras que (Mauricio) Macri quiere hacer para aumentar el capital de los monopolios inmobiliarios extranjeros y nacionales”, dijo Alberto Lacuesta, delegado del barrio.

En la esquina de Bartolomé Mitre y Diagonal Norte, cerca de las 11.30, empezaron a agruparse algunos de los 1800 habitantes del sector 5 de la ex AU 3 para reclamar por “nuestro derecho a una vivienda digna”. Durante más de trece años, Albaluz y sus dos hijos vivieron en uno de los inmuebles propiedad del gobierno de la ciudad y, desde entonces, “vivimos atemorizados por los posibles desalojos”. A los más antiguos, desde el gobierno les ofrecen un subsidio de 25 mil pesos que casi nadie aceptó. En cambio, muchos de los que se radicaron en los últimos años optaron por irse con un subsidio de 10 mil pesos promedio.

“Queremos que todos y cada uno de los vecinos seamos citados y escuchados por Su Señoría –dijo Albaluz–. Que se resguarden nuestros derechos adquiridos por la ley 324 (que otorga a los vecinos con más antigüedad cuatro soluciones definitivas para adquirir una vivienda) y la ley 341 (que le permite al resto acceder mediante una cooperativa a créditos hipotecarios colectivos).” Albaluz y los cien firmantes exigieron que “se respete la Constitución Nacional y de la ciudad en los artículos que se refieren al derecho a la vivienda digna y el derecho a vivir en la ciudad”.

Informe: M.S.

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