Los crecientes lanzamientos de familias pobres con niños, en procesos civiles de desalojos y en procesos penales de usurpación, evidencian la ineficacia de la política gubernamental para solucionar la emergencia habitacional. El derecho “efectivo” a recuperar la propiedad por los titulares que reclaman los inmuebles, no tiene paridad frente al derecho de los desalojados a la vivienda digna reconocido en la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad. Pero ello no es nuevo, las distintas gestiones gubernamentales se han dedicado en la última década a brindar subsidios asistenciales sin intentar esbozar una “política de Estado” con programas de desarrollo que atiendan tanto la emergencia habitacional como el acceso a una vivienda definitiva, que no necesariamente debe ser entregada en propiedad. La falta de presupuesto para el Instituto de la Vivienda evidencia la recarga en la tarea asistencialista del Ministerio de Desarrollo Social. Los montos de los subsidios son reducidos frente a los precios de las pensiones, que difícilmente aceptan familias con más de dos niños. No existe abordaje y seguimiento interdisciplinario a las familias a las que se les otorgan los subsidios, ya que la conflictiva infantil no se reduce únicamente a la pobreza en algunos casos. Por las familias en situación de calle, los funcionarios de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y del Consejo de Derechos de Niños recién se preocuparon cuando llegaron las temperaturas bajas y murió un niño en calle, no encontrando mejor respuesta que denunciar penalmente a los padres que no aceptaban ir a paradores con sus hijos. Aun cuando pudo haber negligencia de los padres, tales familias debieron haber sido abordadas y contenidas mucho antes, y no recién en pleno invierno; más aún cuando solamente existe un parador para familias con niños cuyas deficiencias han sido reiteradamente comprobadas por el Ministerio Público Tutelar. La naturalización de las familias en calle por la sociedad civil y la ausencia de una política de Estado presagia mayor vulneración de derechos de los niños.

* Asesor Tutelar de Primera Instancia.