La resolución del ministerio, en resumida cuenta, confirmaría los dichos del testigo Luis Ríos, quien no fue convocado a declarar en el juicio, en el sentido de que a Fernando Carrera los policías le dispararon apenas dobló por la avenida Sáenz, en dirección hacia el norte. Uno de los móviles policiales estaba apostado en el Puente Uriburu, dispuesto a interceptar al Peugeot 205 en caso de que se dirigiera hacia la provincia. Federico Ravina, uno de los abogados de Carrera, señaló además que la ministra Nilda Garré hace “una muy dura crítica al uso desmedido de la fuerza” por parte de las dos brigadas que intervinieron, a la vez que confirma que “los disparos identificados como ‘11’ y ‘13’ tuvieron un recorrido de atrás hacia adelante del automóvil de Carrera, de manera que fueron efectuados por los policías federales”. Se cree que esos impactos fueron los que hicieron que Carrera quedara inconsciente, perdiera el control del rodado y atropellara y matara a dos mujeres y a un niño, además de provocar lesiones a otras cuatro personas.

Ravina sostuvo también que el análisis que hace Garré “corrobora la falsedad de las declaraciones de los cuatro testigos (principales) y en especial la de Rubén Maugeri, quien apareció en todos los medios de prensa corroborando la versión policial, cuando era presidente de la Asociación de Amigos” de la comisaría 34ª. El informe ministerial “también corrobora que los integrantes de la 34ª dispararon con balas de punta hueca”. Al respecto, en el informe, se dice textualmente que entre las armas usadas, además de las provistas por la Policía Federal, hubo una Bersa Mini Thunder, propiedad del cabo Leoncio Gustavo Calaza.

El dictamen oficial dice que “la Bersa particular del cabo Calaza tenía en su cargador tres cartuchos intactos de bala semiencamisada con punta perforada y ranuras de fragmentación”. Ese tipo de arma puede cargar hasta 12 cartuchos. Los integrantes de la brigada de la comisaría 34ª dijeron en el juicio que “ellos no entregaron sus armas porque no dispararon”, que portaban sólo armas reglamentarias Browning, y que contaban con “armas largas provistas por la institución, escopetas que se utilizan en casos muy especiales”. Las normas, para casos como éste, señalan que esos efectivos deberían haber entregado sus armas, para corroborar que no las habían utilizado. La resolución del ministerio recuerda además que el reglamento establece “el uso permanente de las armas provistas por la institución” policial. Está prohibido el uso de munición con “punta perforada” o punta hueca, como se la llama habitualmente.

Otra irregularidad de los agentes que intervinieron en la investigación judicial es que no se hizo ninguna prueba para determinar si Carrera había disparado el arma que se encontró cerca del auto y que le pertenecía, según la versión policial. “El cabo Hugo Fabián Bere-tta, encargado de hacer los Dermotest en la ocasión, explicó en el juicio que no los hizo ya que Carrera tenía las manos ensangrentadas, y luego, en el hospital, tampoco (lo hizo) porque ya estaba limpio.” Beretta dijo, además, que el Dermotest es “un método obsoleto” que desde “hace nueve años que lo realiza y siempre el resultado fue negativo”. Otra cita textual del informe que favorece los dichos de Carrera es la que sostiene que “no había rastros de deflagración en el auto” del vendedor y que “todos los disparos (que impactaron en el vehículo) se habrían efectuado a una distancia posterior a los 90 centímetros”.

Las vainas que pudieron ser rescatadas y sumadas como prueba fueron disparadas en su mayoría por las armas aportadas por la policía. Siete de ellas por una de las Browning, sólo una por la otra Browning, y finalmente tres por la Bersa. No se encontraron todas las vainas correspondientes a los 18 disparos que impactaron en el Peugeot 205.

Ravina agregó que el ministerio también critica el hecho de que los policías de la 36ª “aunque hayan dicho que no dispararon, no hayan entregado sus armas para ser peritadas. Del mismo modo critica toda la instrucción de la causa y que la misma haya sido hecha por los mismos policías de la comisaría 34ª”. El abogado defensor puntualizó que “este informe fue remitido a la Corte Suprema y no-sotros creemos que es muy importante para modificar una condena injusta en una causa que fue armada por la policía”. El pedido de revisión de la condena aplicada a Carrera es respaldado por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.