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En el juicio, el fiscal acusó a Roglich del delito de extorsión y solicitó una pena de cinco años y dos meses de prisión. La estrategia de defensa se orientó a probar que el jubilado actuó en estado de necesidad y a obtener un cambio de calificación. No lograron el primer objetivo, pero sí el segundo. Según explica el abogado Martín Navarro, los argumentos se centraron en que “la intimidación no estaba probada dado que el gerente admitió haber dispuesto del dinero por orden de sus superiores. Y aun cuando se considerara probado que actuó por intimidación, la disposición del dinero no fue decidida por él sino por el directorio, y no constan los motivos por los cuales el directorio decidió pagar”. También argumentaron que la calificación de extorsión era errónea: “La intimidación no permite considerar comprobada una acción típica de extorsión sino de robo, dado que en este caso se trata de un supuesto de apoderamiento por violencia tácita”. Consideraron que el hecho podía calificarse como hurto impropio, “ya que el dinero era del imputado, pero se encontraba legítimamente en poder del banco”. Y por último Navarro sostuvo que Roglich actuó en estado de necesidad, “producto de su delicadísimo estado de salud, dado que sin dólares y siendo afiliado de PAMI, durante los meses de diciembre de 2001 y enero de 2002 no podía adquirir insulina en las farmacias”.
En su sentencia, el tribunal consideró comprobada la intimidación al gerente y sostuvo que algunos de los certificados no estaban a nombre de Roglich, por lo que cambió la calificación por robo simple. Desecharon en cambio el argumento del estado de necesidad por dos motivos: el imputado había reconocido tener reservas de insulina y, en su declaración preliminar ante el fiscal, había manifestado que no actuó por motivos de salud sino “por bronca”.
Roglich fue condenado a dos años de prisión, con accesorias legales y costas y a cumplir tareas en beneficio de la comunidad por el término de tres años.