Los legisladores porteños Gabriel Fuks y Alejandro Bodart apuntaron sobre la empresa Iron Mountain y el gobierno porteño tras la difusión del informe de Policía Federal que indicó que fue intencional el incendio desatado en el depósito de la firma en Barracas y que provocó diez muertes.

“El peritaje que determina la intencionalidad del siniestro nos pone ante la miserabilidad de delincuentes que seguramente quisieron hacer desa-parecer documentos sensibles”, denunció Fuks. El legislador porteño del Frente para la Victoria agregó que “no es extraño que bancos siempre vinculados con maniobras financieras y cuentas en el exterior aparezcan mencionados en primera instancia”.

Además señaló que en las últimas horas, la Legislatura porteña recibió una respuesta desde el Ejecutivo al pedido de informes por el tema presentado hace un año. A partir de una primera lectura, Fuks advirtió que “es menester cumplimentar las investigaciones administrativas que delimiten en qué fallaron los controles, ya que, prima facie, la última inspección habría sido realizada en el 2011”.

Por último, reclamó que “ambas instancias deben llegar hasta el final, la Justicia en relación con la acción criminal y el Estado en base a las responsabilidades administrativas”.

Por su parte, Bodart dijo que no lo sorprendió el resultado del peritaje de la Policía Federal conocido ayer. “Era una de las hipótesis que veníamos barajando porque esta empresa tiene un extenso historial de incendios intencionales. Su negocio es guardar pruebas y luego borrarlas”, dijo. Asimismo, sumó su cuestionamiento al Estado porteño al señalar que “fue muy turbio el tema de los controles que se efectuaron a la empresa antes del incendio, ya que inspectores habían denunciado que allí podía ocurrir algo así porque casi que estaban desactivados los mecanismos de alarma de fuego”.