A fines de mayo del año pasado, el intendente de Melincué, Gabriel Rébora, fue procesado por haber sostenido la habilitación de Escorpio, un local a la vera de la ruta provincial 90 que en los papeles figuraba como bar y en los hechos era un prostíbulo y que había sido allanado por la Justicia provincial y también por la Justicia federal. La jueza Silvina Marinucci decidió el procesamiento a partir de una serie de escuchas judiciales que demostraron los vínculos de Rébora –todavía en su cargo– con los dueños de Escorpio.

El fiscal de Cámara de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, explicó entonces que el procesamiento obedecía a la “violación a la Ley de Municipios y Comunas, que prohíbe a la autoridad administrativa habilitar casas de tolerancia”. Escorpio había sido allanado en julio de 2012 por personal de la Dirección Nacional de Migraciones –muchas de las mujeres explotadas allí eran paraguayas y dominicanas–, la División Trata de Personas y el Ministerio de Trabajo provinciales.