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Por Natalia Aruguete

En un intento por profundizar el acuerdo entre el Gobierno y las productoras y fraccionadoras de gas licuado de petróleo (GLP) en torno a una baja de precios, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados trabaja en la elaboración de un proyecto que fije un marco regulatorio del sector, marco inexistente desde que se inició la desregulación y la privatización del sector energético a comienzos de los ‘90. El dictamen elaborado por la Comisión considera al GLP un servicio de interés público, otorga al Estado la posibilidad de intervenir frente a cambios abruptos en los precios y limita la formación de oligopolios. También establece que una misma empresa no puede superar el 15 por ciento de su participación en el mercado.
“Hoy existen productoras y fraccionadoras que detentan hasta el 40 por ciento”, dijo el diputado Gustavo Gutiérrez, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara baja. El legislador admitió no ser partidario de regular un mercado que se encuentra en competencia, pero aclaró que el proyecto es una medida necesaria en la actual situación de emergencia.
En relación con esta iniciativa, el gerente comercial de Petrobras Energía, Hugo Guardia, afirmó a Cash “no estar de acuerdo con la regulación del gas licuado, ya que es un insumo útil como lo puede ser la leche, el pan o la harina”. En el mismo sentido, Héctor De Cillis, gerente general de la Cámara Empresaria Argentina de GLP, sostuvo que “este producto no debe ser considerado un servicio de interés público, porque nadie está obligado a comprar garrafas. Además, la regulación no es conveniente porque provoca marginalidad, crea escasez y contribuye al mercado negro”.
Por su parte, la subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, consideró que “no hay usuarios de primera y otros de segunda. Deben tener el mismo tratamiento los que usan gas de red y gas de garrafa. Es indispensable que, a pesar de haber pasado 12 años, se sancione en el Congreso un marco regulatorio para dar prioridad a los consumidores”.
La ausencia de un marco regulatorio permitió la conformación de un mercado donde el 78 por ciento de la venta del gas licuado está en manos de las empresas Repsol-YPF, MEGA y Grupo PC. El grupo MEGA es un joint venture conformado por Petrobras y Repsol-YPF, que destina casi toda su producción a exportar al mercado brasileño.
Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Energía apunta que a la concentración verificada en las distintas etapas de la actividad se suman las deficiencias en las inspecciones por parte de los organismos públicos. El documento señala que las empresas no cuentan con datos estadísticos sobre sus precios y la Secretaría de Energía no tiene información específica sobre la estructura del mercado. Jorge Lapeña, presidente de IAE y ex secretario de Energía durante el gobierno de Alfonsín, consideró que el acuerdo firmado con las empresas “es un hecho auspicioso pero no suficiente: el Gobierno debe elaborar un marco regulatorio que no sólo tenga en cuenta aspectos de la oferta sino, y sobre todo, de la demanda”.
En el interior del sector privado existen perspectivas diversas sobre el funcionamiento de la actividad. En un seminario realizado por el Instituto de Energía, representantes de la industria plantearon que existen empresas que usan ilegalmente activos de otras empresas, que se vio diluida la responsabilidad de los fraccionadores sobre la calidad de los productos envasados y que los clientes son sujetos pasivos de engaño en materia de seguridad. Sin embargo, De Cillis aseguró que “la actividad fraccionadora no está concentrada y que hay una total transparencia de precios”.
El incremento del precio de la garrafa generó una situación de asimetría entre quienes consumen gas natural, cuya tarifa fue pesificada, y los que se abastecen con GLP –15 millones de personas–, que debieron enfrentar el aumento de los precios en forma directa. La inflación minorista subió 44,5 por ciento entre diciembre de 2001 y abril de 2003. La garrafa de 10 kilos, consumida principalmente por los sectores más pobres, aumentó de 8 y 9,50 pesos a 22 y 25 pesos, según las zonas del país. Actualmente, un usuario de GLP paga cuatro veces más que uno de gas natural y gasta un 12 por ciento de su presupuesto para abastecerse. Según el gerente de Petrobras Energía, no todo el consumo de GLP está concentrado en los hogares pobres. “También se consume en los countries o en zonas como Pinamar”, indica.
De un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación surge que la transferencia directa de los precios hacia los consumidores generó un beneficio empresario de más de 4600 millones de dólares, en los últimos seis años. Además, al elevado grado de concentración económica del mercado hay que sumarles las importantes barreras al ingreso de nuevos operadores, todo lo que, con el vacío regulatorio existente, les otorga a las firmas líderes amplias libertades en materia de formación de precios.