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Desde que Margarita Argúas fue nombrada en 1970 por el gobierno de Agustín Lanusse (manteniendo el cargo hasta 1973), nunca más una mujer accedió a la Corte Suprema. Y lo paradójico es que fue justamente una dictadura militar la que ascendió a esta camarista de méritos innegables al nivel más alto del Poder Judicial. Antes y después, ningún gobierno democrático designó a una mujer para ese cargo. Hasta ahora.
Que acceda una mujer a la Corte es para muchos un tema prioritario –por la falta de representatividad actual del Tribunal en relación con la población: si el 50% somos mujeres, ¿por qué allí hay sólo hombres?–, y es de segundo orden la discusión sobre la perspectiva de género que pueda tener esa magistrada.
Las representantes argentinas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) enviaron meses atrás una carta al Presidente Néstor Kirchner llamada Por una Corte que refleje la diversidad de género, en la que se mostraban optimistas ante la sanción del Decreto 222 (de autolimitación del Poder Ejecutivo en relación con la designación de los jueces de la Corte Suprema) y, si bien apoyaban la designación de Eugenio Zaffaroni como candidato, reclamaban que la siguiente vacante fuera para una mujer. “Estamos ante una oportunidad histórica –dice el documento– de reparar esta injusticia y fortalecer las instituciones. Una mujer a la Corte Suprema de Justicia es la única garantía de que la diversidad de géneros se convierta en realidad y no sólo en una declaración formal.” La abogada Haydée Birgin, miembro del ELA, es una de las personas que piensa que “con que sea una mujer la futura jueza a mí me basta. Porque aclaremos las cosas: una mujer en la Corte no representa a la mujer como género. Corresponde que ocupe ese lugar por una cuestión de representación social. Pero si consideramos la perspectiva de género como la comprensión de relaciones de subordinación y poder en la sociedad, son muy pocas las mujeres con carrera judicial y académica, e idoneidad, que cumplen con esa condición. Creo que sólo las juezas Lucila Larrandart y Alicia Ruiz”.
Los nombres de estas últimas son algunos de los que circulan entre las posibles futuras magistradas supremas. Aparte de ellas, los nombres que están sonando como los más posibles son el de Carmen Argibay, ex camarista y actual miembro del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; Aída Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Corte Suprema de Mendoza; y Eugenia Highton de Nolasco, una camarista civil miembro, al igual que Argibay, de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). Highton de Nolasco y Kemelmajer de Carlucci comparten un perfil conservador que, según algunos, les da más chances ya que con una designación así el Poder Ejecutivo equilibraría la de Zaffaroni. Sin embargo, nada está definido. Se sabe que Highton de Nolasco está interesada en el cargo y quienes están en contacto con Kemelmajer y Argibay dicen que también. En el caso de esta última, su regreso al país estaría supeditado a la finalización del juicio de Sbrenica, actualmente en curso. Otros nombres que circulan son el de Berta Kaller de Orchansky, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Hilda Kogan, miembro de la Corte Suprema bonaerense; y María Angélica Gelly, una reconocida constitucionalista. Para la jueza Estela Cárcamo, actual presidente de AMJA, “no es lo mismo que vaya cualquier mujer a la Corte. Tiene que tener mirada de género. Nuestra propuesta es que sea alguien que luche por la no discriminación de la mujer pero que además sea de valía, que esté consustanciada con los valores democráticos y sea idónea para el cargo. No es cuestión sólo de llenar cupos”. Cuando se abrió la vacante en la Corte, la AMJA envió una carta a Beliz pidiendo que se respetara la diversidad de género presente en el Decreto 222. “El Ministro nos contestó –señala Cárcamo– diciendo que el Presidente tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, que la inclusión de nuevos miembros sea representativa de la diversidad de género, que se trata de un tema que a ellos les preocupa.” A la hora de hacer nombres, la lista de Cárcamo es extensa. A las ya nombradas, ella agrega, entre otras, a Cristina Camiña, Stella Maris Martínez y Lidia Soto. “Tanto dentro de la AMJA como fuera de ella hay mujeres de valía, incluso algunas que no son juezas y que seguramente serán propuestas por los colegios profesionales. Nosotros probablemente hagamos una propuesta de nombres al Ejecutivo, pero si tenemos que elegir a una sola candidata ésa sería Carmen Argibay, que es una excelente jurista e hizo mucho porque la AMJA exista.” Argibay no sólo fue presidenta de la AMJA sino también de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y su compromiso con los derechos humanos y la causa de las mujeres es reconocido internacionalmente.
Roberto Saba es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, una de las organizaciones no gubernamentales que propuso al Poder Ejecutivo los cambios que dieron origen al Decreto 222. “Creemos que es imprescindible la representación de género en la próxima designación -sostiene–. Pero además, vemos pocas razones políticas para que no sea designada una mujer si lo que el Presidente quiere es cumplir con lo establecido en el decreto de autolimitación.” En cuanto a la perspectiva de género, Saba sostiene que “la aspiración de mínima que tenemos es que sea una mujer. Personalmente creo que habría que incorporar la perspectiva de género, pero ya el hecho de que en la Corte Suprema pueda sentarse una mujer a decidir creo que es un mensaje simbólico muy fuerte para la sociedad”.
Lucila Larrandart es camarista de un Tribunal Criminal desde 1993 y tiene estudios realizados sobre género y control social en el ámbito del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. “Yo creo que tiene que llegar una mujer con un nivel jurídico bueno, no me parece que baste con que sea mujer, la discriminación positiva no sirve. Y también sería bueno que tuviera mirada de género aunque eso solo no basta, hay muchísimos casos que pasan por la Corte, como las leyes de Obediencia Debida, que requieren una mirada más amplia. También es cierto que las mujeres deberían estar representadas sí o sí en el Tribunal porque la democracia es de todo el mundo, pero lamentablemente nosotras no accedemos a los cargos jerárquicos. No percibo entre mis colegas una mirada de género –señala Larrandart–. Es algo intuitivo porque no hice una investigación. Pero se evidencia en la jurisprudencia: los fallos son iguales si los emite un hombre o una mujer. Es que hay algo inevitable: si tu formación académica y personal fue machista, tenés introyectadas las pautas culturales, y modificar eso es todo un trabajo.”