Un Tribunal integrado por tres conjueces aplicó a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, el ex policía Eduardo Curro Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La sentencia del 22 de diciembre de 2009 fue la primera en la provincia de Santa Fe por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Sin embargo, y por un inédito cómputo de los conjueces Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto Manuel López Arango (de Paraná) se consideró cumplida la mitad de la pena y los tres represores pasaron el fin de año en casa. El fiscal federal Martín Suárez Faisal recurrió la resolución ante la Cámara de Casación Penal, y las víctimas --que se encuentran "descorazonadas"-- esperan una rápida resolución que revoque este beneficio. "No tiene antecedentes, es absolutamente desmesurado. Esperamos una inmediata corrección de Casación. No se le ha concedido a los responsables de ningún tipo de delitos en la Argentina, es inaudito que se aplique para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país", indicó el abogado querellante Guillermo Munné. Los conjueces no sólo computaron doble desde 2007 a 2009, cuando los tres presos estuvieron en prisión preventiva sin condena, sino que extendieron esa condición a los dos años que pasaron desde la sentencia en primera instancia, que no está firme por no haber sido revisada en segunda instancia.

"Esperamos una inmediata resolución de Casación, ya que este beneficio fue recurrido por la fiscalía", indicó Munné, quien recordó que "es muy grave esta decisión para el tipo de condena de delitos que estamos hablando, que merecen la calificación de imprescriptibles, para que no haya impunidad. Porque después de todos los obstáculos que se han sorteado, que se haga superflua la condena con este tipo de cómputos es realmente preocupante y significa que los responsables de crímenes de tormentos y privación ilegítima de la libertad estén libres por las calles, donde podrán cruzar a sus víctimas". Munné representó en el juicio oral que terminó en diciembre de 2009 a Stella Maris Vallejos y Matilde Bugna, dos de las víctimas que estuvieron secuestradas en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Además, se trató de la primera condena contra un ex juez federal, Brusa, quien había sido secretario de juzgado durante la dictadura y fue un engranaje del terrorismo de estado. Los obstáculos más importantes de la causa estuvieron dados por la conformación del tribunal, debido a que los jueces federales, y muchos abogados santafesinos, se excusaron de integrar el Tribunal.

Munné aclaró que los conjueces se designaron "con una metodología previa a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que impuso la integración con magistrados de carrera. En este caso hay un camarista federal y dos abogados de la matrícula que se habían inscripto para conjueces. Tuvieron un desempeño valorable en el desarrollo del juicio y el dictado de la condena, pero nos sorprende esto. Porque a poco tiempo de haberse dictado la sentencia se entendería como cumplida más de la mitad de la condena".

Ante la gravedad de la decisión de estos conjueces, Suárez Faisal reiteró anteayer mismo --pese a la feria judicial-- el pedido de prisión preventiva en la causa que se les sigue a Brusa, Ramos y Aebi por asociación ilícita. En esa solicitud, realizado también por el fiscal en agosto pasado, actúan la jueza de Paraná Lidia Carnero y los rosarinos Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci. En aquel momento, sólo le dio curso Paulucci, al considerar que había riesgo procesal (de fuga de los imputados), pero ahora hay una situación nueva. "Cabe volver a poner aquí de manifiesto que naturaleza y la gravedad de los delitos imputados a Ramos, Brusa y Aebi conllevan --por sí mismos-- un obtáculo para negar el dictado de la prisión preventiva", dice el fiscal que ya había presentado cuatro recursos contra las salidas domiciliarias y el cómputo diferencial. El Tribunal decidió, no obstante, utilizar un mecanismo derogado antes de la persecución de estos delitos para beneficiar a los tres condenados. Y el fin de semana pasado, los tres represores festejaron el fin de año en familia.