La Federación Agraria Argentina pidió a la jueza del fuero Civil y Comercial N° 7 de Casilda, Laura Babaya, que desista del desalojo de un grupo de pequeños productores agropecuarios que históricamente explota unas tierras en litigio judicial. Son 24 familias tradicionales de la localidad del sur provincial, aunque particularmente una corre serio riesgo de perder la tierra.

El pedido, expresado a través de una carta, está firmado por Omar Príncipe (foto), presidente de la entidad, y señala la necesidad de expresar "preocupación por la angustiante situación que atraviesan los agricultores familiares de Bigand, los cuales se encuentran en situación de desalojo inminente bajo la carátula Expediente N°796/2013 Fundación Honorio Bigand de Asistencia y desarrollo solidario y otros, contra Marinucci Oscar y/u Otros".

La misiva destaca que la Federación Agraria Argentina "siempre acompañó a estas familias en la lucha por la defensa de sus derechos, haciendo especial hincapié en la función social de la tierra y no solamente como el objeto de diversos negocios inmobiliarios".

Recordó que la provincia de Santa Fe "adhirió a la Ley de Agricultura Familiar y que la misma, en su artículo 18, contempla la suspensión de desalojos a agricultores familiares, campesinos e indígenas, lo cual encuadra perfectamente con el conflicto de la familia Marinucci -un fallo histórico en favor de una familia campesina en Palma Sola, Jujuy, sentó precedente en este sentido-".

Ante todo esto, desde Federación Agraria señalaron: "Solicitamos que se incorporen al expediente las novedades legales con respecto a dicha ley, tanto a nivel nacional como provincial, exigiendo igual trato a nuestros representados ya que son agricultores familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y que quede sin efecto inmediatamente la intimación de desalojo que pesa sobre ellos".

El conflicto tienen larga data. Se remonta a fines del siglo pasado, a los tiempos que siguieron al Grito de Alcorta, cuando el hijo propietario de las tierras, Víctor Bigand, cedió el uso de 3.000 hectáreas a veinticuatro familias para que se instalen y produzcan allí bajo la modalidad de aparcería. En 2004, cuando falleció la última heredera de los Bigand, la producción de esos campos pasó a manos de la Fundación Honorio Bigand que se dedicaría a actividades de bien público tal como establecía su testamento. A partir de allí, los chacareros comenzaron a recibir presiones y denunciaron al albacea por intentar desalojarlos o imponerles condiciones contractuales imposibles de sostener.