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Sábado, 4 de agosto de 2012

CIUDAD › LAMBERTO RECIBIó A FAMILIARES DE PIBES ASESINADOS EN VILLA MORENO

En el barrio siguen las amenazas e intimidaciones

Las familias de los jóvenes asesinados en lo que se conoció como la masacre de villa Moreno continúan siendo blanco de amenazas e intimidaciones con el propósito de amedrentar todo testimonio que abunde en la investigación por la que hay seis detenidos procesados por relación directa con los asesinatos, y cuatro policías imputados por presunta connivencia con los homicidas. Así lo revelaron en la reunión que ayer mantuvieron en el Ministerio de Seguridad con el titular del área, Raúl Lamberto, y sus secretarios Angel Ruani y Marcos Escajadillo. Los padres de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez pidieron cambiar la estrategia policial que hasta ahora, por orden judicial. asignó una patrulla estacionada frente a la canchita de fútbol de Dorrego al 3800, donde ocurrió la matanza. Temen que las hostilidades vayan en aumento a medida que se acerque el juicio oral. Máxime, cuando hace dos semanas fue ejecutado de siete balazos un testigo clave del triple crimen, Facundo Osuna. Los funcionarios accedieron a disponer "un patrullaje constante" por la zona.

"Siguen pasando a las corridas, tirando tiros, amenazando, y los policías que están en la canchita no se mueven porque dicen que tienen orden de no intervenir en los problemas del barrio", reveló Lita Suárez, madre de Claudio, uno de los jóvenes ultimados en la madrugada del 1º de enero. "Han pasado en auto y nos gritan que nos van a matar a todos. También, hace tres días, a mi hija la persiguieron en un vehículo cuando iba a buscar al nene al colegio", contó Eduardo Trasante, padre de Jeremías.

Los familiares, acompañados por militantes del Movimiento 26 de Junio, manifestaron su preocupación porque -aseveraron- "el clima de violencia sigue como siempre, hay tiros todas las noches, y los quioscos de droga que habían volteado por Balcarce, volvieron a funcionar como si nada". La ejecución de Osuna, el 20 de julio en Biedma y Balcarce, los estremeció de alarma, tanto como para relacionar ese crimen con la condición de testigo vital que el muchacho jugaba en la investigación de los tres homicidios de Año Nuevo. Hasta ahora, la pesquisa parece orientar el móvil de la muerte de Osuna hacia otros motivos ajenos al triple crimen.

Ante el pedido de modificar la pasividad de la patrulla fija en Dorrego y Biedma, Lamberto accedió. "La característica de esa modalidad de vigilancia policial obedece a una orden judicial, pero ante la inquietud de estos vecinos, se dispuso cambiar esa situación y poner a patrullar una unidad sobre esa zona", anunció una fuente del Ministerio.

Por otra parte, los funcionarios aseguraron que los cuatro policías involucrados en el caso fueron pasados a disponibilidad y están a la espera del desenlace judicial que los envíe a juicio o no. Se trata del suboficial Lisandro Martín, que estaba a cargo del destacamento policial del Heca aquella madrugada en la que ingresó baleado Maximiliano Rodríguez, hijo de Sergio, el principal acusado del triple crimen, el comisario Eduardo Carrillo, ex jefe de Inspección de zona 3, y su secretario Mario Centurión, y el comisario Abel Santana, ex titular de la seccional 15ª.

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