La Justicia indagó, imputó y dejó presas a dos personas acusadas como presuntas instigadoras por los saqueos registrados la semana pasada en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Las personas, que fueron detenidas anteayer en allanamientos que arrojaron resultados positivos con el hallazgo de armas de uso civil y de guerra, negaron la acusación en el juzgado de Instrucción 13, donde también les achacaron la tenencia de armas. Además, ayer se confirmaron otras dos detenciones, en la que también se secuestraron armas. Fuentes relacionadas con el caso advirtieron, mediante tareas de inteligencia policial, que se trata de personas que "preparaban nuevas situaciones" de tensión en la calle. Hoy serán indagados por el magistrado.

A una semana de los ataques y robos en comercios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y con la lupa puesta en los sucesos de Córdoba durante la madrugada de ayer, el juez de Instrucción N 13, Gustavo Pérez Urrechu cuenta ya con más de medio centenar de personas acusadas y presas, tanto por robo agravado por circunstancias de hurto calamitoso, como por instigar el levantamiento contra los comercios.

Desde el principio, la Justicia demostró que no se quedará de brazos cruzados tras los hechos que inquietaron a los comerciantes y ciudadanos la semana pasada, recrudecidos por el fantasma de los saqueos y violencia extrema de diciembre de 2012. Por ello continúan los avances en la investigación: frente a una serie de allanamientos, ayer hubo dos nuevos detenidos, que serán indagados hoy por el juez de la causa, y posiblemente corran la misma suerte que el resto de los acusados, dos de ellos detenidos anteayer e imputados como presuntos autores intelectuales y mentores de los hechos, a quienes también se les secuestraron armas.

En Villa Gobernador Gálvez, los desmanes ocurrieron básicamente en un comercio de Soldado Aguirre al 2500; mientras que en Rosario se replicó la violencia en la zona sur: Ayacucho y Caupolicán y Garay al 70.

La decisión del juez, frente al dictamen de la fiscal Graciela Argüelles, sobre mantener la detención de los primeros 47 imputados, tiene que ver con la pena en expectativa de la calificación legal, que tiene un mínimo de cuatro años de prisión para los acusados por robo en situación de aprovechamiento de la conmoción social.

Según trascendió días atrás en medios radiales, las versiones sobre saqueos comenzaron a llegar hace alrededor de un mes, provenientes de organizaciones sociales y barriales, que apuntaban a que los mentores se dedicaban a "reclutar gente" para llevar adelante los desmanes. Esa información daba cuenta de situaciones de violencia planeadas para el 8, 15 y 20 de este mes.

Frente a ello, el juez Pérez de Urrechu dispuso centralizar la investigación y trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad, desde donde se realizan tareas de inteligencia para que la Justicia actúe en consecuencia.