El Concejo resolvió ayer encomendarle al gobierno municipal que suspenda por 90 días la habilitación de nuevos boliches en Pichincha. La iniciativa, presentada por los ediles del ARI Carlos Comi y Nire Roldán, no conformó a los vecinos del barrio que estuvieron presentes en el Palacio Vasallo, quienes pretendían que la suspensión incluyera a bares con actividad musical para poder "dormir tranquilamente durante los fines de semana". Ahora el Departamento Ejecutivo deberá emitir el decreto correspondiente para frenar durante los próximos tres meses la tramitación de nuevos locales bailables en la flamante "República de Pichincha".

La decisión se consensuó en la reunión de Labor Parlamentaria de la que participan los presidentes de las diferentes bancadas. El justicialismo era partidario de extender la prohibición a otros rubros del barrio, pero finalmente prosperó la iniciativa del ARI. El oficialismo aclaró que la suspensión de las habilitaciones es potestad del intendente, razón por la cual el proyecto aprobado insta al Ejecutivo a pronunciarse al respecto.

El cuerpo aprobó un proyecto de declaración de su presidente, Miguel Zamarini, a través del cual manifiesta su preocupación por las resoluciones dictadas por los jueces laborales que declararon inaplicable e "inconstitucional" la resolución 157/05 emitida por el Ejecutivo, norma que dispone no asignar a los ejecutores fiscales del municipio el cobro por vía judicial de las deudas históricas de menos de 150 pesos correspondientes a zonas y radios de contribuyentes de bajos recursos.

Como antecedentes, el texto remarca fallos dictados por distintos juzgados laborales de Rosario, "en virtud de los cuales se ven seriamente violentadas las facultades del municipio" en lo que respecta a sus atribuciones legales otorgadas por la ley orgánica de Municipalidades.

"Esas resoluciones judiciales afectan gravemente las competencias que exclusivamente le corresponden a Rosario en materia fiscal. Justamente la Secretaría de Hacienda municipal, el Ejecutivo y el Concejo son quienes deben velar en defensa del interés público y en resguardo del interés de los contribuyentes", afirmó Zamarini.

Los concejales aprobaron un proyecto de ordenanza presentado por la radical Daniela León, que crea el Programa de Comunicación Accesible para Personas con algún tipo de Discapacidad Auditiva, promoviendo la incorporación del sistema de subtitulado opcional (closed caption) en los programas televisivos de producción local, la incorporación de traductores del lenguaje de señas argentino en todo acto público y garantizando que cada oficina municipal que posea atención al público cuente con personal capacitado en el mencionado lenguaje de señas.

Los ediles encomendaron al municipio que solicite al gobierno provincial un informe sobre las razones que fundamentan la decisión de no ejecutar las obras en el sector de avenida Albert Sabin (La Travesía), en el tramo delimitado por las avenidas Sorrento y Avellaneda.