El Concejo fue ayer la caja de resonancia directa del preocupado malestar instalado en la agenda pública por los drásticos aumentos en las tarifas de servicios públicos, en especial los de la energía eléctrica. Por esa causa se constituyó en Rosario una multisectorial que acudió a la Justicia en el marco de la Ley de Intereses Difusos, y por esa causa el poder deliberante de la ciudad le dio cabida a tal inquietud. El pronunciamiento coincidió con la presentación de proyectos legislativos en Santa Fe en esa dirección, como el que propone al gobernador Miguel Lifschitz presentar un recurso de amparo que frene el tarifazo del gas.

El encuentro se convocó bajo el lema #NoalTarifazo, por iniciativa de las concejalas Norma López (Frente para la Victoria), y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular). El recinto se pobló de referentes de distintos espacios políticos -menos del socialismo y del PRO- y organizaciones civiles varias cuyos enviados terciaron luego de los disertantes.

Uno de esos, el economista Sergio Arelovich, marcó la dimensión ideológica del tarifazo. Reclamó "una construcción política que frene estos cambios irreversibles en la redistribución de la riqueza, porque el tarifazo es sólo una faceta de eso". Repudió la matriz neoliberal de "concebir el gasto como sinónimo de problema, y que el superávit es la virtud". En este sentido, corrigió: "En el Estado el superávit no existe, si hay excedente implica el ahorro forzado de la población, alguien en la ciudadanía no accede a una mejor calidad de vida a costa de ese supuesto superávit".

"Como contrapartida -continuó Arelovich-, el gobierno ya perdonó gravámenes al sector agroexportador, y empezó a definir quiénes son los ganadores en esta etapa. Disminuyó subsidios y abrió un agujero que antes se cubría con esos gravámenes perdonados al sector agroexportador. En lo que va del 2016, la recaudación por derechos de exportación fueron 36 mil millones entre enero y mayo. Pero habría recaudado 32 mil millones más si no hubiera hecho la quita. Esto se relaciona directo con el tarifazo, que explica entonces cómo cubren el bache y quién lo paga: el pueblo", sostuvo.

Juan Milito, del Centro Unión Almaceneros, explicó que la multisectorial se formó "con el objetivo de conseguir una rebaja en la tarifa de energía eléctrica. Los comerciantes somos la mitad del sándwich.

Debemos transformar el rezongo en protesta social, porque organizados seremos imparables. A esta altura, protestar es un deber", dijo y convocó a concurrir el jueves a la Legislatura provincial en Santa Fe para presionar en ese sentido.

Valeria Vaccaro (Unión de Usuarios y Consumidores) ponderó la vía judicial de la sociedad civil contra las arbitrariedades del Estado, como el recurso de amparo presentado en 2014 ante la Empresa Provincial de la Energía por el reglamento de la empresa que viola los derechos del consumidor. De esa manera la ONG logró que la Justicia declarara en dos instancias la inconstitucionalidad de algunos artículos de la normativa. La abogada señaló la falta de una ley provincial de defensa del consumidor. Dijo que faltan en Santa Fe organismos de control y que las tarifas se definan por audiencia pública.

La preocupación generalizada inspiró proyectos varios. Los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburguer proponen a Lifschitz que encabece un amparo en el fuero federal para que el Estado nacional retrotraiga el aumento de gas. La concejala López propone que la Municipalidad prescinda de un cargo del 6 por ciento de energía facturada que la EPE le transfiere por ley y que beneficie con eso a entidades de bien público.

Se ventilaron ejemplos varios, como el de un cantobar de zona sur con 20 empleados, que pagó facturas exorbitantes: 32882 pesos de luz y 6343 pesos de gas, en simultáneo con una notoria retracción del consumo, y otros casos de comercios e industrias que asisten a incrementos de hasta 300 por ciento en el primer trimestre. Al respecto, Juan Alcaraz (Multisectorial contra el tarifazo) explicó el recurso judicial que presentó en el marco de la Ley 10000, de intereses difusos.

Expusieron, además, Cristian Nieto (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), Juan José Sisca, Osvaldo Ortolani (ex concejal y vecinalista), y Diego Santero (Centro Comerciales a Cielo Abierto).