Desde el Ministerio de la Acusación, que investiga las amenazas a los funcionarios judiciales, ayer se confirmó el traslado de los detenidos a la unidad penitenciaria de Piñero, donde se habilitará un equipamiento con inhibición de señal de telefonía móvil. Además, la Fiscalía abrió una investigación para determinar "responsabilidades penales de las personas que incumplieron sus funciones y permitieron el ingreso y uso de los celulares". También la policía inició sumario administrativo en Asuntos Internos de la Unidad Regional II, para determinar qué personal policial estaba al tanto de la tenencia de los teléfonos con los que Germán Almirón, desde el penal policial, y Aaron Treves, desde Coronda, se comunicaban entre sí.