Con respecto de las causas contra ex represores de la última dictadura militar, Fernández sostuvo que "muchos jueces han tenido actitudes conservadoras", lo cual permitió que "los juicios se hagan de chicle", al admitir "chicanas, recusaciones y nulidades infundadas" con el resultado del "vencimiento de los plazos procesales" y la posibilidad de "libertad" de los acusados".

Por ello, el funcionario, en declaraciones a distintos medios de difusión, dijo "no compartir" expresiones de la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, quien fundó la demora en los procesos a represores en la falta de jueces y de infraestructura judicial, entre otros aspectos.

Por su parte, Carlos Fayt, ministro de la Corte Suprema de Justicia, coincidió hoy con Argibay en el planteo de que "faltan jueces" y que se trata de una situación "que corresponde a los poderes políticos solucionar".

Fernández agregó, al respecto, que "es una discusión que no debería estar dándose por los medios, y me da la sensación que si hay cosas por decir o por discutir con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo, hay que hacerlo en otro ámbito, no pasa por ese lugar".

Señaló que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a demoras en los juicios a represores, "no lo dijo porque esté menoscabando otro poder sino porque cree que las tiene que contar, y porque es importante que se hable de estas cosas".

"No es que uno esté imputando maliciosamente ni que sea una 'capitis diminutio' de la propia justicia", aclaró el ministro, quien manifestó que "hay cosas que han sucedido y yo las tengo que contar".

Precisó que "en el año 2007 se designaron 29 magistrados, entre jueces, fiscales y defensores, y en el 2008, es decir, en el año en que yo ejercí la función de ministro de Justicia, designamos 137", lo cual "demuestra que el esfuerzo de este gobierno ha sido muy grande para hacer todo tipo de designaciones".

Fernández manifestó, además, "no coincidir" con el reclamo de falta de fondos y explicó que "el año pasado, todavía siendo Jefe de Gabinete Alberto Fernández, hubo una charla con él donde me informaba que había más de 600 millones de pesos por parte de la Corte para poder realizar construcciones".

Esos fondos "ya los tienen en su poder y tienen que ser puestos en funcionamiento conforme a sus propias decisiones y las del Consejo de la Magistratura, y no es una posición que tengamos que ver ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo", puntualizó.

Con respecto de los juicios a ex represores por delitos de lesa humanidad, el ministro señaló que "estuvimos viendo en los últimos tiempos fallos que tenían un neto corte conservador, y que no beneficiaban a los vulnerables sino a los represores".

Afirmó que hubo jueces que "han permitido chicanear, recusar e interponer nulidades en forma infundada, lo que hizo a los juicios de chicle, interminables, y que se pasaran los plazos procesales y por vencimiento de éstos, le permitían la libertad a muchos acusados. Se puede ir a ver cuáles son esos casos", expresó.