22:46 › POR EL MANEJO DE SUBSIDIOS

Piero será juzgado por fraude a la administración pública

El cantautor Piero De Benedictis y otros tres colaboradores suyos serán sometidos a juicio oral el próximo 6 de abril, acusados de fraude a la administración pública a través de subsidios para niños "tutelados", mientras se desempeñaba como subsecretario de Cultura del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.

El cantautor y tres de sus colaboradores comenzarán a ser sometidos a juicio oral el 6 de abril, acusados de irregularidades en el manejo de subsidios para niños tutelados cuando el músico se desempeñaba como subsecretario de Cultura bonaerense. Se trata de un expediente iniciado en 2002, cuando el músico se desempeñaba como subsecretario de Cultura bonaerense y presidía la fundación "Buenas Ondas".

El cantautor será juzgado desde el 6 de abril por el Tribunal Oral 5 de La Plata, integrado por los jueces María Isabel Martiarena, Carmen Palacios Arias y Horacio Nardo.

Piero está acusado del manejo irregular de 40 subsidios que la subsecretaria de Minoridad provincial había destinado a esa fundación para becas de estudio en una ecogranja educativa que, según se comprobó luego con el testimonio de los menores, nunca se implementaron.

Además del cantautor, los acusados son la vicepresidenta de la fundación Mariana Schettini, la secretaria Susana Isabel Molinari, y el tesorero Gustavo Solanas.

La fuente informó que la fundación recibió 40 becas durante seis meses hasta que se comprobó que la ecogranja era "un campito", al que los chicos fueron llevados para conocerlo, pero nunca participaron de los proyectos educativos que allí se debían realizar, según declararon ellos mismos.

En el expediente, Piero reconoció que los terrenos eran suyos, pero negó ser el responsable del manejo de las cuentas, aunque en la causa los depósitos del importe de las becas estaban a su nombre.

La causa fue instruida por los fiscales Gabriel Sagastume y Virginia Bravo, quienes hace cuatro años la elevaron a juicio acusando a los imputados de "fraude a la administración pública", que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión.

Al formular su requerimiento, los fiscales consideraron que "los imputados no podían desconocer la situación. Los inspectores les habían advertido sobre el escaso alumnado. La cifra era de entre 6 y 25 alumnos, lejos de la convenida con el Ministerio (de Desarrollo y Humano y las becas que percibían".

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