19:24 › MAR DEL PLATA

Trabajo esclavo cerca de la playa

La Justicia marplatense ordenó allanar tres fincas pertenecientes a la empresa la Compañía Frutihortícola S.A., más conocida como “El Frutillar”, por una denunciada presentada por la organización La Alameda sobre trata de personas y trabajo infantil. Según denunció la organización, la empresa incorpora personal de nacionalidad boliviana mediante reclutadores o conocidos directos, los mantiene en malas condiciones de vida y suma a los chicos de 6 a 11 años a las cosechas de morrón, tomate y frutilla.

Los allanamientos estuvieron realizados por la Gendarmería Nacional, por orden del juez federal Rodolfo Pradas, ya que La Alameda indicó en su denuncia que "la empresa cuenta con protección policial". Luego de una investigación de varios meses el titular de la organización Gustavo Vera presentó el pasado 18 de enero una denuncia ante la Fiscalía General que consta de cámaras ocultas y testimonios con identidad reservada.

Además, de resaltar que "la incorporación de personal de nacionalidad boliviana no se hace espontáneamente, sino mediante reclutadores o conocidos directos", La Alameda denunció que "ante la menor sospecha de que personas ajenas a la empresa merodean el lugar, llega la Policía Bonaerense para pedir documentos y tratar de averiguar las razones de la visita".

El comunicado de La Alameda, indicó que "después de frustrados intentos de ingresar a las fincas, donde no pasan siquiera docentes ni médicos de la zona, se pudo hacerlo disfrazado de Reyes Magos". Militantes de la organización entraron bajo la excusa de la festividad de Reyes, acompañados por el grupo de apoyo de Madres de Plaza de Mayo e Hijos de Mar del Plata.

"Tuvieron que avisar primero a la comisaría 8ª de Batán para no levantar sospechas. La excusa fue que eran de un grupo de voluntarios que acercaba juguetes para los niños en ocasión del día de reyes", explica el comunicado.

El video que obtuvieron aquella tarde fue difundido hoy en varios medios de comunicación y, de acuerdo a la organización, "demuestra que es habitual el trabajo de los pibes de 6 a 11 años en las cosechas de morrón, tomate y frutilla. Todos los chicos con los que se habló reconocen que trabajan".

En la denuncia presentada ante la Justicia, también se incluyen imágenes de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran gran parte de los trabajadores todos ellos migrantes bolivianos, incluso se ve a uno de los niños durmiendo en medio de las plantaciones.

"A la Compañía Frutihortícola S.A. se la denuncia por malos tratos físicos y psicológicos. Los trabajadores están encerrados, y sólo pueden salir de los campos de la compañía en los festejos de carnaval durante el mes de marzo. Vecinos de la zona describieron al lugar como un verdadero campo de concentración. Como dueño del lugar, figura Andrés Moretti, y el capataz Hernán Arana", detalla el comunicado.

Y agrega: "Se estima que en este lugar hay cientos de trabajadores de origen boliviano. A ellos se les retiene los documentos de identidad y todos viven en campamentos donde tienen casillas muy precarias. Varias fuentes informativas han denunciado la existencia de abuso sexual y maltrato en los terrenos de la compañía".

Por otra parte, los vecinos denuncian la utilización del Bromuro de Metilo, agroquímico prohibido en la mayor parte del mundo, y también la quema de plásticos a cielo abierto que realizan a la hora de terminar las cosechas y representa un peligro para la salud de los trabajadores y de quienes viven cercanos al lugar.

También denunciaron que los docentes de la Escuela Nº46, donde van los niños del "Frutillar" en jornada simple, les resulta imposible entrar a las fincas cuando la institución necesita recabar alguna información de los alumnos. Lo mismo ocurre con el personal de la sala de primeros auxilios "La Peregrina".

Las empresas denunciadas y allanadas ahora por orden de la fiscalía Nº2, a cargo de Gustavo Rodríguez, son Compañía Frutihortícola S.A., Quinta Costa Mari y la Quinta Rueda. Se demoró los allanamientos ya que el juez de turno en enero solicitó que la investigación de la Fundación Alameda y las organizaciones de derechos humanos fueran ratificadas por una investigación judicial.

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