"La violencia y la masacre desde todas las partes deberán acabar. El secretario general ha dejado claro repetidamente que el gobierno de Siria es quien tiene la responsabilidad de imponerse a sus fuerzas de seguridad y debería poner fin al baño de sangre ahora mismo", advirtió Martin Nesirky, portavoz de Ban-Ki Moon.

Según los informes de la ONU, en los últimos diez días murieron al menos cien personas, y miles de manifestantes y disidentes "fueron detenidos, torturados y desaparecidos forzosamente". Sobre esta situación, la Alta Comisionada expresó su preocupación por el hecho de que la sangrienta represión "pueda desembocar en una lucha armada", en la medida en que cada vez más miembros de las fuerzas armadas se niegan a atacar a civiles y se encolumnan al lado de los manifestantes.

"Desde el comienzo de la sublevación en Siria, el gobierno ha usado una fuerza excesiva para aplastar las protestas pacíficas, con francotiradores desde los tejados, el uso de munición de guerra y el bombardeo de barrios residenciales", denunció la funcionaria, quien recordó que en agosto se encargó de llamar la atención sobre estos "crímenes contra la Humanidad" y alentó al Consejo de Seguridad de la ONU para que remitiera los hechos a la Corte Penal Internacional.

Las declaraciones de repudio de la comunidad internacional contra Siria, sin embargo, no modificaron hasta ahora la actitud de las autoridades de ese país, reconoció el portavoz de la ONU Rupert Colville.

Pillay, por su parte, calificó la situación como un "ensañamiento devastador contra vidas humanas", y explicó que, además de los asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales, familias enteras dentro y fuera del país son objeto de acoso, intimidación, amenazas y palizas. "El Gobierno de Siria no sólo no cumplió su obligación de proteger a su población, sino que además ignoró las peticiones de la comunidad internacional de cooperar con investigaciones internacionales", concluyó.