"Nosotros no creemos ni que resolveremos la historia ni que (ese acto) signifique un paréntesis o un mojón de carácter decisivo. Es en todo caso apenas una etapa en donde el Estado asume su obligación", definió José Pepe Mujica, ratificando la aclaración de su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, quien horas atrás había dicho que el pronunciamiento de ese día "no se trata de un acto de perdón" del gobierno actual, sino de un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición de la nuera de Gelman.

En su programa de radio semanal, el presidente uruguayo explicó que "frente a la familia Gelman, como lo mandata la decisión de la CIDH en su fallo, vamos a asumir la responsabilidad del Estado, que no es lo mismo que el gobierno, como tal frente a los acontecimientos juzgados que tienen que ver con la suerte de esa familia".

En marzo de 2011, la Corte IDH emitió un fallo que obliga al Estado a investigar, juzgar los delitos de la dictadura, reparar a las víctimas y sus familiares y realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad en el llamado "caso Gelman".

"Lo vamos a hacer -añadió Mujica- en el estricto orden de requerimiento jurídico que nos plantea el fallo, ni un milímetro más ni un milímetro menos (...) Es una obligación jurídica del Estado uruguayo ante una decisión de un organismo que hemos reconocido en su momento."

María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires en 1976, trasladada a Uruguay embarazada y, luego de dar a luz a una niña, fue asesinada en Montevideo. Su hija Macarena fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo y recién conoció su origen en 2000, mientras que los restos de su madre aún no fueron encontrados.