21:06 › JUSTICIA

Un reclamo que quedó tras las rejas

La Corte Suprema dejó firme el rechazo del amparo presentado por el Sindicato Unión de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) para que el Estado garantice a los presos condenados empleos remunerados, un salario mínimo y otros beneficios labores. Los magistrados indicaron que Sutpla, aunque adhiere a la CTA, no consiguió ser aceptada como asociación sindical ante el Ministerio de Trabajo, por lo que no puede representar intereses colectivos.

Mediante dos fallos firmados hoy por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal negó el pedido basándose en que el peticionante, el denominado Sindicato Unión de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, carece de inscripción sindical y, por ende, de poder de representación.

La causa se había iniciado en la justicia del trabajo, ante la cual la asociación pidió que se pague una remuneración equivalente al salario mínimo, vital y móvil a la totalidad de las personas recluidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que efectúan tareas de naturaleza laboral. Sutpla había alegado que, en muchos casos, por esas tareas se abonaban montos inferiores al salario mínimo o se sufrían descuentos y que el pago era de naturaleza alimentaria.

La demanda fue rechazada tanto por el juez de primera instancia como por la cámara laboral porteña y finalmente la propia la Corte dejó firme esa decisión. El Sutpla acompañó documentación probatoria de que se había pedido una inscripción como asociación sindical que, como destaca el fallo, no fue concedida.

“La deficiencia apuntada no se suple por la circunstancia de que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) haya efectuado presentaciones en autos adhiriéndose, sin más, al reclamo”, sostuvo el fallo de la Corte.

En virtud de ello consideraron que tampoco era una asociación que pudiera reclamar en defensa de derechos de incidencia colectiva ya que no se encontraba registrada, y, por ende, no cumplía con las exigencias establecidas en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El amparo de Sutpla buscaba que el Estado Nacional y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Féderal cumplieran con "el deber legal de abonar una retribución equivalente al valor mensual del salario mínimo vital y móvil a todos los internos de los establecimientos penitenciarios federales que realizan trabajos remunerados de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad".

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