Stolbizer, quien mantiene un diálogo abierto con el Ejecutivo macrista, cargó contra este nueva decisión por decreto al indicar que "las emergencia son solo para el impacto y el marketing" y aseguró que "sólo las políticas de Estado consensuadas son eficaces y sostenibles en el tiempo".

Burzaco minimizó la falta de debate antes de anunciar la Emergencia en Seguridad Pública y dijo que cuando el Parlamento retome su activida en marzo, el ministerio enviará un paquete de "leyes complementarias" para regular las medidas dispuestas, que entrarán en vigencia con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.

Además, el secretario de Seguridad intentó defender la autorización a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad interior y llevar adelante los derribos al indicar que es la única fuerza que "tiene capacidad de actuar frente al ingreso de una aeronave ilegal" y advirtió que "sería una hipocresía plantearnos cómo llevarlo a cabo".

"Hoy es una realidad que una de las vías de ingreso fundamental es esta metodología de las avionetas que llegan hasta Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y recientemente La Pampa", señaló el funcionario.

En ese sentido, la titular del GEN alertó que "el derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado" y recordó que "los países que tienen leyes de derribo no han disminuido el problema del narcotráfico".

La legisladora pidió retomar el debate a partir del "documento firmado por mayoría de partidos políticos por convocatoria de la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social" y recomendó "mirar aduanas, corrupción política y policial" para resolver el tráfico de drogas.

En tanto, el secretario del Consejo de Seguridad Interior y exdiputado por GEN, Gerardo Milman, intentó poner paños fríos y sostuvo que para llegar a la situación de derribo hay "siete pasos" que deben cumplirse, ya que esa es la "última 'ratio'", por lo que "la probabilidad es prácticamente nula".

Por otra parte, Burzaco califico de "hipocresía" las críticas del exministro de Defensa, Agustín Rossi, y el extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín,entre otras, al señalar que "en los últimos diez años" se aplicó el mismo protocolo "en nueve oportunidades, mediante un decreto secreto, por el cual durante varios días se le permitía a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Seguridad actuar en este sentido".

Luego, Burzaco aclaró que ocurrió en casos como las visitas de los expresidentes de Venezuela Hugo Chávez y de Estados Unidos George Bush, como en la Cumbre del Mercosur, mientras que el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri habilita el derribo por el período de un año y fuera del marco de visitas internacionales.

De todas formas, el secretario de Seguridad insistió en que "nueve de los diez países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo" y citó los casos de Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, entre otros.

En su último informe anual, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó que de los países de la región sólo Perú y Venezuela aplicaron la ley de derribo y que ambos tuvieron experiencias muy negativas que incluyeron la pérdida de vidas inocentes.

Por otra parte, Burzaco destacó la ampliación de la radarización de la frontera: "El año pasado, el sistema de radares que funcionaba ocho horas por día detectó más 400 vuelos irregulares y eso que funcionaba un tercio de horas por día y estamos extendiéndolo a 24".