El juez Julián Ercolini acusó a Julio De Vido de administración fraudulenta agravada y partícipe necesario de cohecho y le trabó un embargo de cien millones de pesos. Se trata del tercer procesamiento contra el exfuncionario, que ya está procesado por la tragedia de Once y por irregularidades en la negociación de contratos ferroviarios entre 2003 y 2010.

Además de De Vido fueron procesados los exintegrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Eduardo Sícaro, Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Corte, Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Luján Roseto.

A todos se les embargó 10 millones de pesos, salvo a Sícaro, para quien la suma alcanzó 8 millones. La compra de material se hizo a raíz de un acuerdo de cooperación firmado en 2005 y -según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)- casi la mitad de lo adquirido estaba "fuera de servicio".

En su indagatoria, De Vido presentó un escrito de descargo y delegaba la responsabilidad del asunto a la Secretaría de Transporte y a la CNRT.