or su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó el martes su preocupación por la situación de los medios en Venezuela.

La SIP pidió a los gobiernos democráticos de la región que denuncien la situación de la prensa en Venezuela, abandonen "un exceso de prudencia diplomática" con el gobierno del presidente Hugo Chávez y reprueben los hechos ocurridos en los últimos días contra medios considerados opositores.

"Hay un exceso de prudencia diplomática de los gobiernos de la región, que han sido demasiado cautelosos ante esta situación", dijo a la AFP el colombiano Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP.

"Chávez quiere (hacer) desaparecer a la prensa crítica y acallar todas las voces opositoras en una muestra del carácter totalitario de su régimen", dijo Calderón, e indicó que la SIP está llamando "a la opinión pública de los países y a las organizaciones" a movilizarse contra estos hechos.

La entidad, con sede en Miami, condenó la violencia desatada el lunes contra la televisora venezolana Globovisión en Caracas luego de que un grupo de 30 personas ingresara a las instalaciones tras apuntar con armas de fuego a los vigilantes e hiciera detonar bombas de gases.

"Estamos muy preocupados de que Globovision pueda tener los días contados", dijo Calderón.

Globovisión enfrenta cinco procesos administrativos que podrían derivar en el cierre definitivo de sus operaciones. Este martes la justicia venezolana emitió una orden de detención contra Lina Ron, una activista del chavismo radical, por su presunta participación en la agresión.

Las reacciones de repudio contra los ataques a la prensa en Venezuela se multiplicaron desde el último fin de semana, cuando Conatel, órgano encargado de las telecomunicaciones, sacó del aire a 34 emisoras de radio y televisión y advirtió a otras 200 de que también podrían perder sus licencias.

Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el asalto a Globovisión fue "francamente fuerte". "El asalto a Globovisión me pareció francamente fuerte", dijo Insulza en Montevideo, describiendo la situación como "ciertamente preocupante".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó el "deterioro" de la libertad de información en Venezuela, citando como ejemplo "el proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión".

La semana pasada, la Fiscal general venezolana propuso a los diputados una ley especial sobre delitos mediáticos que acarrearía penas de cárcel de hasta cuatro años a quienes la incumplan. A la idea le queda un largo recorrido antes de convertirse en ley, pero ya ha levantado una polvareda.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó en Nueva York la escalada de ataques contra la prensa venezolana y pidió que se permita a los medios independientes trabajar con libertad.

El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que la comunidad internacional se muestra "tremendamente impotente" ante las medidas "restrictivas" implementadas por el gobierno venezolano contra los medios de comunicación.

"La comunidad internacional es tremendamente impotente en relación con Venezuela", dijo Vivanco, quien se mostró preocupado por las medidas aplicadas por el gobierno venezolano para "penalizar algunas expresiones que no le gustan" y "por los niveles de censura y autocensura que están creciendo por los ataques a los medios".