La iniciativa había sido presentada en julio de 2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro de Justicia, Julio Alak; y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en un acto donde se anunció el envío del proyecto al Parlamento. Se trata de un tema que había sido incluido en la reforma constituyente de 1994 como obligación del Congreso, pero que no pudo ser enviado antes al Parlamento debido a la magnitud del trabajo de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes.

Del trabajo de estudio de las más de 32 mil normas sancionadas desde 1852 a la fecha participaron desde 2005 más de 200 juristas convocados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entre las leyes insólitas que todavía se encontraban vigentes estaban, por ejemplo, la que ordenaba los fusilamientos de junio de 1956 y otra que penaba "a los funcionarios que azotaban ciudadanos".

El trabajo requirió un estudio minucioso de las normas, ya que muchas de ellas, hoy vigentes en la legislación de nuestro país, han sido modificadas por nuevas leyes, en tanto otras se superponen entre sí, mientras que varias de ellas devinieron en abstracto por el paso del tiempo, aunque nunca fueron derogadas.

Una vez que ingresó al Congreso, el conjunto de esas leyes fue analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico, integrada por 4 diputados y 4 senadores de diferentes fuerzas, y que preside en el actual período el senador Aníbal Fernández. Ese cuerpo ratificó la división de este ordenamiento jurídico en 26 ramas diferentes del Derecho, entre las que se encuentran el Comunitario, Internacional, Aduanero, Penal, Civil, Comercial, Constitucional y de Medio Ambiente, entre otros.