Los organismos de derechos humanos repudiaron la incorporación de 96 condenados por delitos de lesa humanidad en un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal de más de mil personas detenidas que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. “Repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas”, advirtieron en un comunicado conjunto Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales e Hijos, entre otros. Tal como señaló Abuelas en diálogo con PáginaI12 el martes, el documento consensuado remarca que “los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos sumaron su firma al conjunto.