El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodriguez, debió enfrentar ayer a los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación en su carrera por acceder a un cargo de vocal en la Cámara Nacional Electoral, que disputara entre doce aspirantes, entre los que no figuraba entre los primeros. El principal cuestionamiento que debió sortear el magistrado fue su pedido de indagatoria resuelto para el 6 de abril por su par santafesino Francisco Miño.

Como se sabe, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió condenar a un ingeniero porteño y su abogado por haber pergeñado un ardid que les permitió cobrar 650 mil pesos gracias al rol del juez Rodríguez, que hizo lugar a la cautelar y habilitó el pago de bonos de la deuda en default.

El 9 de febrero de este año, el fiscal federal Walter Rodríguez denunció a Rodríguez y firmó un requerimiento de instrucción basado, en gran parte, en la reconstrucción histórica que realizó el fiscal general ante el TOF, Martín Suárez Faisal. Allí se fundamenta cómo un grupo de abogados de Capital Federal y de Lomas de Zamora (de donde es oriundo el magistrado) llevaron adelante una metodología para provocar la intervención de Rodríguez quien tuvo un comportamiento dispar con el grupo de abogados de Buenos Aires e, incluso, cambió su propio criterio, frente a situaciones muy parecidas.

El Fiscal General pudo demostrar en el juicio que el juez Rodríguez y Carlos Clerc, abogado del inversionista en bonos mantuvieron varias comunicaciones telefónicas realizadas antes y durante el trámite de la medida cautelar. Gracias a la información brindada por Telecom pudo establecer comunicaciones entre el teléfono particular de Clerc y el del departamento de Rodríguez en Santa Fe, en cuatro oportunidades. La última fue el mismo día en que Rodríguez intimó al Estado Nacional para dar cumplimiento con la medida cautelar.

El fiscal de primera instancia Walter Rodríguez encontró otros elementos de interés para sostener su denuncia. Uno de ellos es la comunicación de fecha 4 de noviembre de 2005 entre el número particular de Clerc y el perteneciente a María Inés Barrios de Rodríguez, esposa del imputado, radicado en la localidad entrerriana de Colón, donde se emplazan un complejo llamado "Cabañas del Uru", cuyos dueños son Barrios y Rodríguez. Otro detalle revelador es que el habilitado por Clerc para ver el expediente fue Ramiro Andrés Correa Cunto que intervino en el cobro de la pretensión de los amparistas, segun publicó el sitio Zona Crítica.

Rodriguez tiene in pectore una estrategia: recusar al juez Miño que le pidió la indagatoria, y asi demorar el trámite hasta lograr un visto bueno para su ascenso a la Cámara Electoral. Pero este camino puede llevarlo a un lugar un tanto peor: como no existe otro juez federal en Santa Fe, el expediente por el pago de bonos en default pasaría a Rafaela. Allí el titular es Miguel Abásolo Gustavino, quien fue secretario de Rodríguez hace algunos años, y no quedó en términos tales como para considerarlo un amigo.