Ofensiva contra las integrantes del tribunal que liberó a Zannini y D’Elía
Dos juezas en la mira
La DAIA avisó que revisará los antecedentes del tribunal mientras que la querella de los familiares de las víctimas del atentado, que actúa en la misma línea, directamente recusó a Namer. La jueza rechazó la acusación.
Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8.Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8.Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8.Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8.Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8.
Las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral Federal 8. 

Cuando se espera una nueva resolución del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) sobre Fernando Esteche y Jorge Kahlil, los dos acusados que quedan detenidos por supuesto encubrimiento a los iraníes en la causa del memorándum, comenzó la ofensiva contra las juezas Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez que deben resolver, luego de haber excarcelado el sábado a Carlos Zannini y a Luis D´Elía con cuestionamientos a la arbitrariedad en la aplicación de la prisión preventiva y a la teoría de los “vínculos residuales” conocida como “doctrina Irurzun” (por el camarista federal Martín Irurzun). La otra situación en veremos es la de Cristina Fernández de Kirchner, que vislumbra que a la luz del fallo, debería caer su pedido de desafuero en el Senado, que había sido planteado por el juez Claudio Bonadio en miras a su detención. La primera reacción político-judicial fue de la DAIA, que salió a advertir que investigaría los antecedentes del tribunal. Ayer la querella de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que actúa en línea con la dirigencia de esa institución, directamente recusó a Namer con el argumento de que cuando era fiscal integró la Unidad AMIA después de la muerte de Alberto Nisman, aunque en el planteo no muestran ni un documento en el que haya opinado o analizado el pacto con Irán o qué pasó con el fiscal fallecido.

Namer rechazó ayer mismo la recusación. Se remitió a un escrito que dejó sentado la semana pasada en la causa, donde aclaraba de antemano que sus intervenciones como ex fiscal de la UFI AMIA no estuvieron relacionadas con lo que se investiga en la causa del Memorándum –que se originó por una denuncia de Nisman–, que las partes, incluidos familiares y la DAIA, nunca cuestionaron su “rol funcional como fiscal”, “ni este fue cuestionado por falta de objetividad”. Si la causa del encubrimiento de los iraníes se nutrió de información de la UFI, dice Namer, tampoco “no afecta en lo más mínimo” su “imparcialidad” ni mostró una “valoración” de su parte.  El pedido de apartamiento fue presentado por los abogados Juan José Avila y Gastón Farini Duggan, apoderado de familiares de víctimas del atentado que, junto con la DAIA, pugnaron por generar una causa melliza de la que se había abierto con la denuncia de Nisman contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, pero que había sido cerrada por el juez Daniel Rafecas y la Cámara por inexistencia de delito: el Memorándum no se aplicó nunca, había sido aprobado por el Congreso y jamás se levantaron las alertas rojas de Interpol destinadas contra los iraníes. Ahora plantearon que “Namer no puede opinar ni juzgar libre de prejuicios”.

Es infrecuente que una querella recuse a los jueces o juezas; es algo que suelen hacer los acusados en un juicio. Pero en este caso el cuestionamiento se inscribe en un ataque de mucho mayor alcance contra tribunales que fallan a contramano de lo que quiere el Gobierno. En pocos días, de hecho, salió al cruce de los jueces que liberaron a Cristóbal López y cambiaron la carátula de la causa por la deuda impositiva de Oil Combustibles (Eduardo Farah y Jorge Ballestero) y ayer del juez Luis Rodríguez que apartó al fiscal Carlos Stornelli de la causa sobre el uso de fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio donde está detenido De Vido.  La Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, ahora quiere sacarlo a Rodríguez de la causa.

La situación de la jueza Namer deberá ser definida por su colega López Iñíguez junto con el juez José Antonio Michilini, quien fue sorteado ayer en reemplazo de Nicolás Toselli, quien se excusó por ser yerno del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, que fue testigo en la causa. Si llegan a discrepar la jueza y el juez, deberán convocar a otro colega para desempatar. Hoy se sabrá cómo sigue todo. Michilini viene del Tribunal Oral Federal 1. Es el tribunal  que, por ejemplo, absolvió a Amado Boudou por la supuesta falsificación de papeles de un auto Honda que compró en 1993, pero este juez fue el único que votó por condenarlo. La recusación de un juez o jueza de tribunal oral es apelable ante la Cámara de Casación Federal.

El pedido de excarcelación planteado por las defensas de Esteche y Kahlil, señalados por el juez Bonadio como personajes influyentes en torno del memorándum aunque no tenían cargos en el gobierno de CFK, deberá ser resuelto con premura, igual que lo fueron los de Zannini y D’Elía. Esta vez no será la fiscal Gabriela Baigún quien dictamine, sino Marcelo Colombo, titular de la fiscalía, que estaba siendo reemplazado por su colega en una licencia. El tribunal ya lo notificó y tiene 24 horas para opinar. Luego debe resolver de inmediato el tribunal. Los abogados de los dos hombres que siguen detenidos dan por hecho que el fiscal y el tribunal deberían aplicar un criterio similar al que ya se aplicó el sábado, donde señalaron que la gravedad de los hechos por sí sola no puede determinar el encarcelamiento, que en el caso de Zannini y D’Elía siempre se habían presentado en la justicia al ser convocados, aún estando acusados con anterioridad por un delito gravísimo como es el de traición a la patria (luego revocado por la Cámara), que no estaba demostrado que tuvieran capacidad e intención de entorpecer la investigación, que para evitar el peligro de fuga está la posibilidad de la prohibición de salir del país. E hicieron hincapié en la inexistencia de vínculos residuales vigentes, porque ninguno de los dos tiene cargos o lazos con el poder de turno. O sea, dejaron implícito que haber sido funcionarios no es en sí un peligro procesal que justifique la prisión preventiva.  El TOF8 deberá evaluar la situación de los dos detenidos apenas dictamine Colombo.

Por otro carril, el fallo de las juezas podría proyectarse a la situación de la ex presidenta. En principio, ella no hará ninguna presentación judicial. Porque todo indicaría que el pedido de desafuero en el Senado quedaría abstracto, sin contenido. “El Senado debería cerrar el pedido de desafuero de Bonadio a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales –dijo Roberto Boico, abogado de CFK, hoy senador–. Quedaron pulverizados los argumentos, es insostenible.”