El inicio del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, que permitirá conocer a represores ignotos para la sociedad como el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari o el agente de inteligencia militar Miguel Conde, deberá esperar al menos hasta agosto. El Tribunal Oral Federal 5, que este mes entregó a las partes las 12 mil páginas con los fundamentos del mayor proceso de la historia argentina, informó que todavía no está definida su conformación para el nuevo juicio –que estaba previsto para el 9 de abril– y confirmó la postergación.

“A la fecha no se ha podido integrar el Tribunal con un juez sustituto pese a los esfuerzos realizados”, explica la última resolución del TOF 5. El motivo de la postergación es la recusación de dos de sus miembros, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, que todavía no fueron resueltas. “Corresponde, bajo estas condiciones, modificar la fecha de inicio del juicio oral en la causa ‘ESMA IV’ estimándose razonable designar para el día 13 de agosto de 2018 la audiencia de inicio de debate”, calculan. El juicio se había programado inicialmente para el 10 de agosto de 2017 y luego para el 18 de ese mes, pero fue suspendido por la recusación al cuarto juez, José Martínez Sobrino.

Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otras celebridades de la ESMA no estarán esta vez en el banquillo de los acusados. El próximo proceso deberá determinar la responsabilidad de diez imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 805 víctimas. Entre los acusados sobresale un “personal civil de inteligencia” (PCI) del Batallón 601 del Ejército, Miguel Conde, alias “Gallego”, que habría oficiado de enlace entre los centros clandestinos ESMA y Campo de Mayo. Conde vivió con absoluta impunidad hasta el 23 de abril de 2013, cuando la Policía Federal lo detuvo en Necochea, donde trabajaba como administrador del edificio Ciudad Marítima y disfrutaba de una apacible rutina de jubilado que incluía jugar el tenis en el club local y una intensa vida social, según reseñó el portal La Nueva Comuna.

Entre los acusados debutantes está el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari, uno de los condecorados por el almirante Emilio Massera por su actuación como jefe de operaciones del GT 3.3. “Pantera”, como se apodaba en la ESMA, tuvo una larga carrera en la Armada y en septiembre de 2003 el ex presidente Néstor Kirchner lo designó director de Inteligencia Naval. Vecino de Avenida Del Libertador, fue además vicepresidente del Centro Naval y “capitán general de rugby” del Club Centro Naval. El resto de los imputados, marinos o PCI del Ejército, son Carlos Mario Castellví, José Angel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos, Raúl Armando Cabral y Carlos Néstor Carrillo.

Por los delitos de lesa humanidad con epicentro en la ESMA se realizaron ya tres juicios. El primero, en 2007, tuvo un único imputado, el ex prefecto Héctor Febres, quien murió envenenado en su cárcel VIP de la propia fuerza días antes de escuchar su sentencia. El segundo comenzó a fines de 2009 con los 86 casos cuya investigación había quedado suspendida por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esa causa se centró en el período represivo desde el golpe de Estado hasta 1979, cuando el GT 3.3 estuvo bajo el mando de Acosta. Concluyó con 16 condenados y dos absueltos.

Después de más de cinco años, el pasado 29 de noviembre terminó el juicio más grande de la historia argentina, por delitos contra 789 personas. Varios acusados murieron o fueron declarados insanos durante el proceso pero 54 escucharon su sentencia. Las condenas incluyeron perpetuas para dos de los comandantes del avión Skyvan que se usó para el “traslado” de los doce secuestrados de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos tres madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonié Duquet. El TOF 5 dio por probada la responsabilidad de los pilotos Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, ambos de Prefectura, y también la existencia de los vuelos de la muerte como mecánica de exterminio masiva implementada por los marinos. El fallo incluyó 29 condenas a prisión perpetua, nueve de entre 10 y 25 años, diez de entre 8 y 10 años, y seis absoluciones. A principios de marzo, el Tribunal entregó a las partes copia de los fundamentos de esa sentencia, que tienen una extensión de 12 mil fojas.