El Consejo de la Magistratura tendrá hoy un plenario para resolver qué hace con el Tribunal Oral Federal 9 (TOF9), que la Corte Suprema se negó a habilitar debido a que sus integrantes no habían pasado por el mecanismo constitucional de designación. Ese tribunal, que había recibido causas contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez, era en su origen un tribunal oral criminal que en diciembre fue transformado en federal gracias a una ley de Cambiemos que permite trasplantar jueces de un fuero a otro con el voto de una mayoría simple de consejeros. Lo más probable es que en la reunión de hoy el organismo acate la decisión de la Corte y deje en suspenso la federalización de los jueces del TOF9, pero que la jugada a mediano plazo sea esperar que en el Congreso se apruebe alguna nueva ley que permita que el oficialismo siga con su estrategia de colonización de cargos en tribunales, en especial de Comodoro Py, donde se juzga a los ex funcionarios y a futuro se juzgará a los actuales cuyas causas penales avancen. La oposición quiere discutir todos los traslados de jueces que impulsó el Gobierno.

En Diputados hay un proyecto del jefe del interbloque de Cambiemos Pablo Tonelli y Mario Negri, que va a contramano de los supremos y plantea que el Consejo puede disponer traslados de jueces, bajo algunas condiciones, sin necesidad de acuerdo del Senado. Dicen que impulsan reglamentarlo para evitar “interpretaciones” a futuro. También reconfirman la facultad legislativa de reorganizar tribunales, como se hizo con la ley que decidió convertir cinco tribunales ordinarios en tribunales federales. Otro proyecto es del peronista Rodolfo Urtubey, que comanda la comisión de acuerdos del Senado. Impulsa incluir, en línea con el fallo supremo, el acuerdo de esa Cámara pero no el mecanismo de concurso e intervención del Poder Ejecutivo en la selección de una terna. Las vertientes que proponen ambas propuestas apuestan a consolidar, con distintos métodos, los nombramientos discrecionales del oficialismo, o eventualmente en negociación con el peronismo, de jueces que ya están en funciones pero son llevados a cargos que revisten algún interés para el Gobierno.  

La ley que disponía la transformación de cinco tribunales fue tomada al pie de la letra por el Consejo, que en diciembre último designó con mayoría oficialista al TOF9, con los jueces que venían del tribunal criminal 10: Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. La Cámara de Casación pidió a la Corte que habilitara ese tribunal, y pese a que los supremos no habían resuelto nada, los pusieron en el sorteo de causas. Ocurrió algo extraño en el ínterin, porque la propia presidencia de la Corte les dijo que les daría despachos y contratos. De pronto, a ese tribunal empezaron a tocarle las causas más resonantes, como la del Memorándum con Irán y la de lavado contra Lázaro Báez, a la que luego se sumó la de la obra pública contra CFK. Y la Corte terminó firmando una acordada que rechazó su habilitación porque se trata de jueces que no tienen acuerdo del Senado. El hecho es que los integrantes del tribunal quedaron en el aire. Los sacaron de los sorteos de causas, pero no los devolvieron a su cargo de origen. Esto es lo que formalmente debe decidir el Consejo hoy, según un planteo que le hizo la Cámara de Casación. 

El Consejo, entretanto, ya tenía a punto de ser aprobada la integración de otros tribunales orales federales. Esas designaciones también quedaron congeladas hasta que haya una definición en el Congreso. En el oficialismo dentro del Consejo hay fuerte enojo con la Corte, sus aliados están dispuestos a buscar atajos para evitar confrontar abiertamente. Pero el Gobierno no se quiere bajar de su objetivo de llenar Comodoro Py de jueces propios en los tribunales federales, también en la Cámara y los juzgados de primera instancia. En relación a la Cámara Federal, avanza la ofensiva incluye denuncias contra Eduardo Farah y Jorge Ballestero, los jueces que dejaron en libertad a Cristóbal López y cambiaron la carátula de la causa por la deuda impositiva del Oil Combustibles. Ayer, la comisión de Disciplina y Acusación designó a Leónidas Moldes para investigar cómo fue conformada la sala de la Cámara para la causa de López pese a que Ballestero ya envió documentos para mostrar que Farah fue sorteado y todo se hizo como en otras causas. Elisa Carrió amplió una denuncia sobre una supuesta vinculación de Farah con el empresario y referida al patrimonio de Ballestero. Por otro lado, hay una disputa por quién ocupará el codiciado sillón que dejó Norberto Oyarbide, mientras avanzan amagues, por ejemplo, contra Ariel Lijo.

El plenario de hoy se perfila intenso. Desde la oposición, Rodolfo Tailhade ya anticipó que intentará poner en discusión varias designaciones que se hicieron con el mecanismo de traslado: la de Carlos Mahiques en la Casación Federal, la de Guillermo Yacobucci en el TOF 7 y la de Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal. Son todas designaciones sin ley específica ni concurso, ni terna ni acuerdo del Senado.