La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba) presentaron una medida cautelar en el tribunal en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata para tratar de impedir que la gobernadora María Eugenia Vidal jubile de oficio a 3 mil docentes de la provincia de Buenos Aires. Ante la falta de respuesta de la Dirección General de Cultura y Educación, los sindicatos resolvieron trasladar su reclamo al Poder Judicial y subrayaron que la decisión del Ejecutivo provincial representa una pérdida del 40 por ciento de los haberes para los futuros jubilados y una pérdida para la obra social IOMA. La cautelar presentada por los gremios sostiene que la resolución 2397/17 publicada el 23 de marzo en el Boletín Oficial bonaerense “es inviable” y hace una interpretación sesgada del artículo 18 del estatuto docente. “El cese de oficio implica un sueldo congelado al 60 por ciento del haber jubilatorio, no es entre el 70 y el 85 por ciento como dice la ley jubilatoria, es al 60 por ciento del último cargo, no respetando el mejor cargo para jubilarte”, explicó a PáginaI12, Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones de Suteba. Mapelli advirtió que si bien la resolución se publicó en el Boletín Oficial recién hace unos días, ellos tenían conocimiento de esa decisión extraoficialmente a partir de enero. “En este caso nosotros venimos haciendo presentaciones desde el 25 de enero. Habíamos detectado que una docente tenía su expediente jubilatorio y un expediente que le habían cargado la misma patronal, que decía cese jubilatorio de oficio masivo 2018”, aseguró. Además, advirtió que no es la primera vez que la gestión de María Eugenia Vidal intenta disponer las jubilaciones de oficio. “Esa resolución en realidad recoge una resolución que nosotros ya habíamos tenido en el año 2016, porque los ceses de oficio ya se habían intentado en aquel tiempo, que finalmente no se concretó porque interpusimos una medida cautelar y suspendimos ese listado de 1500 ceses de oficio”, señaló Mapelli. Tanto la FEB como Suteba habían presentado el viernes ante la Dirección de Escuelas una impugnación a la resolución porque “condenaba a los docentes a la pobreza”. En la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, ambas entidades advirtieron que “se están violando los derechos de los docentes afectados, pretendiendo obligarlos a un retiro violando las condiciones contempladas en el Estatuto Docente”. Eso es lo que reiteraron en la cautelar presentada ayer, que explica cómo impactará en el bolsillo de los docentes la jubilación de oficio. “Nosotros hace poco visitamos a una docente que tiene una enfermedad terminal. Había sido alcanzada por el cese de oficio 2016, no era una docente afiliada. Hoy pudiendo cobrar una jubilación de 25 mil pesos, está cobrando una jubilación de 8 mil y no puede enfrentar la quimioterapia. Ese es el estado de situación que nos quiere llevar Vidal”, denunció Mapelli. Y agregó: “No solamente los docentes pierden su trabajo, pierden su salario, su obra social, los dejan en un verdadero estado de abandono. Cuando es la administración por fuera de toda norma, con toda arbitrariedad, antijurídica”.

En la misma línea se expresó Roberto Baradel, secretario general de Suteba: “La medida cautelar es para que paren las jubilaciones de oficio porque perjudica a los docentes. Van a cobrar el 60 por ciento hasta que se jubilan y después los perjudican en cuanto a las condiciones para acceder a la jubilación”. Además, el sindicalista interpretó la decisión de Vidal como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires. “Esto se enmarca en el ajuste que está haciendo la provincia de Buenos Aires, por eso también el paro y la movilización del 5 de Abril”, aseguró Baradel. 

Las jubilaciones de oficio serán pagadas por la DGCyE durante el tiempo que duren los trámites definitivos del retiro, pero luego el Instituto de Previsión Social (IPS) deberá devolver el dinero con intereses a la dependencia estatal y además tendrá que pagar el retroactivo del 40 por ciento a cada uno de los docentes afectados, razón por la cual los gremios denuncian que el objetivo final es desfinanciar el IPS, la caja docente que Vidal intentó apropiarse con el argumento de que era deficitaria, al mismo tiempo que decretaba el pase de la caja del Banco Provincia al Estado.