Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema, decidió hacer público un criterio propio en la cuestión del manejo de las escuchas telefónicas –que hoy están a cargo del alto tribunal con participación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– y dijo que deberían estar bajo control del Congreso o bien en manos de alguna “agencia ajena a los tres poderes del Estado, con autonomía funcional”. La cuestión está en el centro del debate por las incesantes filtraciones de conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli que forman parte de una trama de espionaje político, y la reacción con más de un año de delay de los jueces supremos para decir o hacer algo al respecto. En los últimos días el tribunal, de pronto pidió informes al Congreso, donde existe una comisión bicameral que debe monitorear la actividad de inteligencia, y reclamó explicaciones a la AFI. “Es muy condenable lo que está pasando respecto de las filtraciones”, se despegó Rosatti. “El problema es de dónde viene la filtración”, agregó.
La Corte tiene a cargo la dirección que se ocupa de interceptar llamadas por una decisión del gobierno de Mauricio Macri, que se las quiso sacar a la Procuración General. El Poder Ejecutivo hizo un acuerdo con el alto tribunal y le entregó el aparato de espionaje telefónico por decreto a comienzos de 2016. El macrismo tiene una tradición en materia de espionaje y de escuchas, desde los tiempos en que el actual Presidente era jefe de Gobierno porteña y quedó a la vista de la mano del primer jefe de la policía porteña, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, y el espía y policía Ciro James, que se nutrían de escuchas que hacía la propia ex Side con autorizaciones judiciales truchas, un caso que aún espera juicio oral. Allí, vale recordar, fue espiado Sergio Burstein, familiar de víctimas de AMIA, que se oponía al nombramiento de Palacios. La impronta de esa matriz hoy aparece por doquier. La Corte no actúa sola en este asunto de espiar: la AFI está imbricada en su ingeniería y hace, en simultáneo, sus propias tareas de inteligencia y pinchaduras. A toda esa estructura la siguen apodando “Musimundo”, por la venta de cd´s, en este caso con conversaciones que pueden tener algún interés para alguien.
Rosatti habló en el programa de Carlos Pagni, uno de los salpicados en estos días por los relatos de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand. En cuanto el periodista le preguntó por la cuestión de las filtraciones y si se “volvería a comprar” un problema como el de tener a cargo las escuchas, el juez contestó con reflejo lo que marcó su primera toma de distancia respecto de ese aparato: “Debería decir una respuesta personal: el problema estaba comprado cuando yo llegué (a la Corte)”. Lo dijo porque, en efecto, cuando él juró como supremo, la dirección de las escuchas ya había sido transferida e incluso había sido designado su titular, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, con un dudoso procedimiento que está siendo investigado por el mismo juez que debe investigar las filtraciones, Rodolfo Canicoba Corral. “En cualquier caso –añadió Rosatti– lo importante es el control del Congreso. Acá tiene que haber un control institucional, estén (las escuchas) en el poder en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal como antes. Parece razonable que esté en alguno de los dos ámbitos. Ahora, nada es garantía de nada y es fuertemente condenable lo que está pasando respecto de las filtraciones”.
En algunos despachos cortesanos cuentan que mientras el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, intentaba motivar a sus colegas a redactar una propuesta de ampliación del la estructura de espionaje que le pertenece, Rosatti intentaba juntar firmas entre los otros supremos para que el tribunal tomara alguna decisión respecto de las filtraciones, que ya empezaban a generar pedidos de informe dirigidos a la Corte desde el Congreso. La primera disposición de la Corte fue pedir que desde el parlamento se audite lo que ahora se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (antes Dirección de Interceptación de llamadas). Lorenzetti fue el último en entregar su firma para ese planteo. No era, a esta altura, lo más políticamente correcto que no participara. Días después se agregó un pedido de informes a la AFI, a cargo de Gustavo Arribas, sugiriendo que las filtraciones podrían originarse allí. Le pedían que rindiera cuentas sobre qué investigó acerca de la difusión de las escuchas a Parrilli y CFK. En ese mismo documento, hacían sus descargos los responsables de dependencia que hace las escuchas en la Corte, que decían haber acatado simplemente un pedido del juzgado de Ariel Lijo. Este último decía que el recibió las grabaciones y las guardó en una caja fuerte. La escucha ordenada por Lijo era en una causa sobre supuesta cobertura recibida por el narco Ibar Pérez Corradi. Lo que nunca quedó en claro es por qué mandó a hacer una escucha directa, lo que implica que personal de la AFI escuchó en vivo, a Parrilli, algo que sólo se hace ante delitos como los secuestros que requieren una resolución inmediata. Para colmo, fueron escuchas que no aportaron nada a la causa, de la que Parrilli fue desvinculado. Otro mecanismo para generar escuchas han sido las pre-causas, una excusa de la propia ex Side para generar investigaciones judiciales, que rara vez sobreviven pero sirven para espiar.
Tiene su importancia que la dependencia de la Corte que hace escuchas hoy lleve el nombre extenso “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos”, porque es reflejo de la ampliación de facultades que fue teniendo y que se plasmaron en acuerdos con el Poder Ejecutivo: también hace investigación, accede a bases de datos tan cruciales como las de la AFIP o la Inspección de Justicia. Pero a la par tiene una batalla territorial y de poder formidable con el Gobierno. Y, por ejemplo, duplicó su planta de personal nombrando hijos de jueces y fiscales por la simple portación de apellido.
Rosatti subrayó su preocupación por el origen de las filtraciones de diálogos privados. Es el primer supremo en blanquear que esto es un problema para la Corte. Los periodistas, dijo, pueden ampararse en la protección y el secreto de la fuente. “El problema es de dónde viene donde viene la filtración”, insistió.
