La utilización de niñas, niños y adolescentes como objetos de abuso sexual para la prostitución y en la pornografía son delitos tipificados por la Convención Internacional de los derechos del niño y los Protocolos Facultativos posteriores.  La legislación penal incluye agravantes  cuando quienes manipulan a los chicos y chicas tienen un vínculo familiar o de jerarquía social y educativa. 

En los hechos denunciados  contra adultos victimarios de chicos, chicas y jóvenes  de las divisiones inferiores del Club Independiente y de River,  causas  hasta ahora caratuladas como “abuso y corrupción de menores”   se hizo pública  una práctica naturalizada desde el peor de los lugares comunes:  “existió siempre”. 

Varios funcionarios deportivos y periodistas especializados señalan  estar en presencia  “de  la punta de un iceberg”,   que existían indicios de la utilización de jóvenes deportistas  con estos fines  y  de la existencia de premios en botines, pasajes,  indumentaria deportiva y dinero, a cambio de sexo de adolescentes y jóvenes jugadores. 

Todo ello  ha terminado por evidenciar  una verdadera red de pedofilia, abuso, facilitación de la prostitución y proxenetismo,  como parte constitutiva de una cultura en la cual el poder económico muestra su peor cara, violenta, machista y abusadora. 

Se infiere también que la naturalización de la prostitución,  anida en ámbitos que debían estar protegidos y cuidados.  Y que la diferenciación  entre  adolescentes  y jóvenes,  la línea sutil de haber cumplido 18 años no implica menor responsabilidad  para los adultos que abusan de ellos, aunque tenga una distinta gradación de la pena. 

En general sabemos que las víctimas, más allá de su edad,  están atravesados y atravesadas por situaciones de fuerte vulnerabilidad,  desarraigadxs de sus ámbitos de pertenencia,  atraídas por la   gran industria del desarrollo deportivo pero  manipulados luego en el contacto de personajes prostituyentes. 

Es necesario  poner en el debate la responsabilidad que tienen tanto los intermediarios del abuso sexual por dinero, responsables del delito de corrupción  facilitación de la prostitución y proxenetismo, como quienes pagan por abusar de los cuerpos adolescentes.  La persecución a las  redes de proxenetas, intermediarios prostituyentes,  debería ser acompañada con el compromiso colectivo de la  prevención definitiva del delito,  desalentando la demanda de sus clientes o prostituyentes, de quienes pagan por sexo y se justifican a sí mismos diciendo “pensé que era mayor de edad”  o “me dio su consentimiento.” 

La  Defensoría del Pueblo de la Ciudad a través del Defensor Alejandro Amor presidente de ADPRA ha enviado a las organizaciones deportivas un Protocolo de emergencia para la atención e intervención en casos de abusos contra niños niñas y adolescentes. También se ha ofrecido la cooperación de los equipos técnicos especializados para el acompañamiento, asesoramiento jurídico  y  psicosocial que los chicos y sus familias demanden o necesiten.  La magnitud del problema  ha instalado el tema en la agenda.  Que  este debate contribuya a prevenir, a  desterrar las prácticas de pedofilia, proxenetismo y abusos sexuales contra las cuales luchamos desde siempre. 

Q Titular de niñez adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo CABA; Copresidenta APD.