La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini ejerce dicho apostolado desde hace más de un cuarto de siglo. Su momento de fama mediático se remonta a aquella época, cuando censuró un programa de Tato Bores, lo que motivó que un coro de celebrities la tomara en solfa, rebautizándola “la jueza Burú Budú Budía”. Participó en la represión del 20 de diciembre de 2001. Dictó fallos memorables condenando el robo de bebés, en parte contrapesados por decisiones deprimentes en varias materias. 

A “la Chuchi” (otro apodo que la identifica) le sobran experiencia, savoir faire y participación en elecciones. Entiende de política y de derecho, es consciente de sus actos.

Con ese bagaje, casi sobra decir que Servini sabe que lo más resonante de la intervención al Partido Justicialista (PJ) es el nombramiento del interventor, Luis Barrionuevo.

La designación queda librada a la discrecionalidad de la magistrada. No está sometida a una lista preestablecida ni (Dios sea loado) tuvo que recurrir a los viscosos sorteos del Poder Judicial. Podía escoger entre millones de personas, debe hacerse cargo de su criterio.  Discrecionalidad y arbitrariedad no son sinónimos. En este caso, funcionan como antónimos. 

Su Señoría incurrió en una provocación mayúscula, viciada por la parcialidad. Una gracia concedida al integrante de una facción interna del PJ, a la sazón muy cercano al oficialismo nacional. “Luisito” es jefe político del gremialista Carlos Acuña, uno de los promotores de la cautelar. Ni el perfil ni la biografía del interventor resisten un escrutinio serio. Servini injiere de modo torpe en la interna del PJ, abusa de sus prerrogativas.

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Barrionuevo es un dirigente que construye poder en soportes por demás variados. No es la figura más poderosa de la Argentina, pero no hay tantas que combinen tantos espacios de acumulación.

El sindical primero, el más sólido y perdurable. 

El político territorial es otro, con una versatilidad escasa entre sus pares: actúa en una provincia (Catamarca) y en un importante partido del conurbano (San Martín). No atraviesa su mejor momento en ninguno de ellos, pero los camina todavía.

El fútbol, cómo no. Llegó a ser presidente de Chacarita, donde subsiste su influjo. “Derpo” y barrabravas amigos, mezcla tradicional.

Ahora enriquece la colección con la intervención al PJ, que salió corriendo a asumir. 

Su primera labor, la burocracia lo determina, será confeccionar un inventario. Conociendo sus antecedentes los compañeros de otros “palos” deberán esmerarse, asistir al fasto y contar con anticipación todas las piezas que integran el ajuar del local partidario. La frase “hay que dejar de robar por dos años” se pronunció décadas atrás, no fue renovada y está prescripta.

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Servini hizo lugar a una medida cautelar, no a una acción de fondo. La resolución es transitoria aunque produce efecto inmediato.

Los apoderados del PJ ejercerán el derecho de apelar, anuncian que lo harán hoy. Pero, como regla que admite pocas excepciones, los recursos contra cautelares no tienen efecto suspensivo. La intervención, dicho en criollo, posiblemente siga en vigencia hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva.

El impacto no parece muy lesivo, a primera vista. El PJ es una maquinaria poco activa durante los interregnos electorales. La próxima votación nacional comienza el recorrido en junio del año próximo lo que deja margen para que las autoridades del PJ se despabilen y se apliquen a desarmar la movida. 

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Servini cita profusamente al “General Juan Domingo Perón”, sin privarse de referencias a las Veinte Verdades.  

Funda parcialmente la decisión en una retahíla de argumentos ajenos a su competencia, jurídica e intelectual.

Analiza las performances electorales del peronismo, sus divisiones. Opina que son nocivas y las conecta con las (supuestas) irregularidades del partido que no se abordan en la medida cautelar. Interviene al PJ nacional mientras comenta problemas sucedidos en la provincia de Buenos Aires.

Extraña causalidad la del discurso de Servini, “politóloga descalza”: para ella las derrotas son consecuencia de la crisis partidaria. La tesis hace agua por todos lados sobre todo porque la última elección en la que participó el PJ nacional fue la del 2015, llegando a ballottage que perdió por poco. No es tan fatídica, a Chacarita le va peor, aspecto en lo que no insistiremos para no sugerir ideas a la creatividad de los tribunales.

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Milagro Sala está presa sin condena firme hace más de dos años. Carlos Zannini y Amado Boudou padecieron cárcel por menos tiempo, con nulos fundamentos. El pocurador general interino desplaza toscamente al fiscal que imputó al presidente Mauricio Macri. Natacha Jaitt va al banco del programa de Mirtha Legrand, entra a la cancha la diputada Elisa Carrió. Sobran diferencias entrambas aunque algo las vincula: las acusaciones de “Lilita” al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, son infundadas y calumniosas, pronunciadas con aquiescencia de la anfitriona.

La relación entre el Poder Judicial y “la política” llega a extremos atroces. El nombramiento de Barrionuevo armoniza con la tendencia, sin ser el hecho más grave.

El prestigio de la política flaquea cuando los protagonistas se empeñan en parecerse a las caricaturas despectivas dibujadas por los adversarios. Una jueza que selecciona al peor de todos, sin dar un motivo. Un sindicalista amarillo que empioja las internas en el PJ y en la CGT. Un hecho, en su conjunto, distante de la atención ciudadana, de sus problemas y de sus demandas.

El combo favorece objetivamente al macrismo y a la dirigencia peronista que le es más afín. Si están de por medio dos figuras taimadas como Servini y Barrionuevo, cuesta mucho creer en casualidades.

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