La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud manifestó preocupación por dos causas de violencia institucional que fueron archivadas y esperan una reunión con el fiscal regional Patricio Serjal; y otra que está "paralizada". Los familiares de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Jonatan Ojeda siguen esperando la cita para intentar que avancen las investigaciones por los crímenes de los jóvenes. Los dos primeros son casos que habían sido archivados el año pasado, pero en mayo se logró el desarchivo. Las quejas con los fiscales que tomaron las causas que archivó Miguel Moreno fue que siguieron la misma línea investigativa: criminalizar a los jóvenes y garantizar impunidad a los uniformados involucrados. Con el caso de Ponce, "no hay avances". Salvador Vera, uno de los abogados de la Asamblea, protestó que los ex fiscales Pablo Pinto y Rafael Coria archivaron los casos "porque iban a asumir" como jueces. "Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que iban a recibir a familiares y abogados antes de resolver, pero esto se sigue dilatando", se quejó. "A los familiares no se les dio una sola explicación de por qué se archivaron los casos. Hubo respuestas, pero son evasivas", lamentó.