La cruzada de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se remonta a mucho tiempo antes de la presidencia de Mauricio Macri y de la conformación de la alianza Cambiemos. “Lilita” sabe jugar en varios tableros simultáneos y tener objetivos propios. Esto asumido, es innegable que la ofensiva de las semanas recientes es funcional al Gobierno del que, primero y principal, es aliada.
A las tradicionales amenazas de juicio político la mediática Carrió añadió –en varios programas de TV incluyendo la escandalosa mesa de Mirtha Legrand– una descripción aterradora sobre la ciudad de Rafaela, supuestamente sojuzgada por Lorenzetti. La denunciante interpeló a la población a sacudirse el temor. Un espectador desinformado podría haber creído que Rafaela es la versión argentina siglo XXI de la Chicago en tiempos de Al Capone.
El pressing, consentido por (o pactado con) el Ejecutivo, ocurre en un momento de “tensiones” con el Poder Judicial, que osó dejar sin efecto (unas pocas) prisiones preventivas sin condena ni fundamento legal.
La Corte está en condiciones de expedirse en un juicio que mucho le importa a Macri y su equipazo.Concierne tanto a los intereses materiales de uno de sus principales funcionarios, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, cuanto al modelo económico.
Y es más que posible que, en un par de meses, tenga en sus manos otro pleito candente: el amparo en que se sentenció la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia(DNU) 70/2017, una norma represiva y reaccionaria que atenta contra derechos humanos de los inmigrantes. Tales vicios explican que la Casa Rosada la considere prioritaria.
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Farmacity versus resto del mundo: La cadena Farmacity viene pidiendo autorización para desplegarse en Buenos Aires. El reclamo colecciona rechazosen todas las instancias judiciales de la provincia, incluyendo su Corte Suprema.
Mario Quintana es fuerte accionista de la empresa. Puesto en tiempo presente porque el CEO viene remoloneando vender el suculento paquete accionario. Promete concretarlo antes de fin de año, que en la Argentina es largo plazo.
Cuando lo haga, será más rico o un poco menos. Dependerá de lo que sentencie la Corte nacional, en cuyas manos arde la brasa. Votarán solo tres magistrados: Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkrantz se excusó por haber sido abogado de la empresa. Horacio Rosatti hizo lo propio por motivos más anecdóticos, meses atrás.
El paso atrás, ineludible, de Rosenkrantz más subraya que disimula: se dirime una nueva versión de un clásico del funcionariado macrista, el conflicto de intereses.
La ley provincial 10.606 prohíbe habilitar farmacias regenteadas por sociedades anónimas.
Farmacity articula la inconstitucionalidad de la norma, fundándose en una concepción decimonónica del derecho de propiedad, concebido como absoluto.
Se le opone el Colegio de Farmaceúticos, que fue citado como tercero porque el fallo puede afectar los intereses de sus representados.
Con ligeras variantes, los farmacéuticos y los magistrados en distintos estadios reivindicaron derechos interpretados conforme parámetros de los siglos XX y XXI.
- La defensa de las fuentes de trabajo, que la irrupción de la megaempresa pondría en jaque.
- Los límites a la concentración de los mercados, en particular los de artículos de primera necesidad, que es una de las secuelas del “liberalismo” sin ataduras ni control estatal.
- Se añaden razonamientos ligados con el derecho ciudadano a la salud. El trato personal entre los profesionales y los clientes, propio de los establecimientos pequeños y medianos, posibilita que elfarmacéutico diplomado asesore a los clientes en asuntos de su especialidad. Las corporaciones lo truecan por la atención no versada. O por oferta de golosinas y chucherías.
La Procuración General, macrista friendly desde la renuncia compelida de Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de Farmacity. El informe no es vinculante para la Corte.
A nivel ejecutivo, se zanja fácil: el ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, el sucesor Luis Miguel Etchevehere, su colega de Energía Juan José Aranguren favorecieron a sus empresas con medidas de impacto directo. No son los únicos, sí los más conspicuos.
Las instancias previas a la Corte Suprema son “ordinarias”, dicho en criollo las apelaciones son procedentes “por ventanilla”. El recurso extraordinario ante la Corte, es excepcional como su nombre lo indica. Exige requisitos específicos y puede ser declarado inadmisible por improcedente. El federalismo bien entendido constituye un fundamento de manual para una eventual denegación del recurso.Decisiones como las que nos ocupan son de competencia estrictamente provincial.Solo en situaciones de extrema gravedad cabe admitir la inconstitucionalidad de una norma legal que regula actividades en el territorio.
Además, la Corte tiene a mano el sólido bagaje construido en los tribunales que la antecedieron. De nuevo, muy en especial, considerar las consecuencias sociales y económicas de la irrupción de un jugador poderoso y excluyente, con el peligro tangible para las pymes, asentadas y dadoras de trabajo.
Más el deterioro de las prestaciones que forman parte del sistema de salud.
La Procuración demarcó una hoja de ruta para la Corte, un menú de posibles soluciones. La Corte tomaba muy a mal intromisiones semejantes, en el pasado cercano.Si las dejara de lado y dictara una sentencia justa, confirmatoria de la sensata jurisprudencia acumulada, desataría la cólera del Gobierno, porque damnificaría a una de las manos derechas de Macri.
Las campanas de Lilita doblan haciendo lobby, que seguramente complementan otros, menos estridentes o expuestos.
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Deportación fácil: La inconstitucionalidad del DNU70/2017 es una cuestión cualitativamente distinta, se refiere a derechos humanos. Fue denegada en primera instancia y concedida por el voto mayoritario de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El Ejecutivo interpuso recurso extraordinario ante la Cámara. Esta resolverá si lo concede o rechaza. La negativa es recurrible en queja ante la Corte. Casi seguro, por una vía u otra, el pleito llegará al alto Tribunal.
El DNU modificó sustancialmente la Ley de Migraciones dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, inscripta en la mejor tradición nacional como país de acogida, que extiende derechos y garantías a todos los que quieran habitar el suelo argentino. La norma macrista atraviesa un limbo legislativo, porque no tiene la aprobación de una Cámara del Congreso. Un DNU en germen, pongalé.
Se le reprocha también que no mediaba necesidad y urgencia para su dictado, entre gallos y medianoche. La Cámara fundamentó la inconstitucionalidad del DNU en esas carencias institucionales, pero también por su contenido.
El nuevo sistema imita los peores precedentes de la legislación norteamericana, sobreviniente al atentado terrorista contra las Torres Gemelas. El núcleo ideológico es la criminalizaciónde los migrantes a quienes el imaginario de derecha (ya no yanqui ni argentino, sino mundial) asocia al delito y al parasitismo sobre las prestaciones sociales.
Las medidas, fulminan los sentenciantes, “no guardan ni proporcionalidad ni razonabilidad con los fines que se quieren alcanzar pues, a partir de la vinculación que se establece entre criminalidad e inmigrantes, se establece un trámite sumarísimo de expulsión aplicable a cualquier extranjero sin consideración a sus circunstancias personales, tenga o no antecedentes criminales”. Se presumen delincuentes, queda dicho.
El DNU crea un mecanismo exprés de deportación que, según la Cámara, vulnera las reglas del debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Los plazos concedidos para defenderse son exiguos, más propios (agrega este cronista) de la justicia militar en tiempos de guerra que de la civil, garantista.
Las “retenciones preventivas” –en verdad. encarcelamientos por criterio o capricho policial, sin intervención de jueces– constituyen otro disparate. La Cámara alerta sobre el riesgo de que se conviertan en detención arbitraria y atenten contra la unidad familiar.
La sentencia recurrida agrega referencias concordantes con la jurisprudencia de la anterior integración de la Corte. La nueva normapriva de garantías básicas”a un grupo vulnerable en situación de inferioridad en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos El decreto no hace más que perpetuar esa situación de sometimiento”.
Para el macrismo es una herramienta esencial. Juega en tándem con la cotidiana brutalidad policial que en esta misma semana se cebó con los manteros de Flores que fueron golpeados, rociados con gas pimienta, insultados y detenidos. Los uniformados, no conformes con vejarlos, se apropiaron ilícitamente de las mercaderías.
Si el expediente recala en la Corte, ésta debería tomar en cuenta valores y variables distintas. Le bastaría respetar y honrar el repertorio de sus mejores y numerosas sentencias sobre derechos humanos civiles dictadas desde 2003, para contrarrestar una tentativa de reforma discriminatoria y chauvinista.
Va una leve digresión acerca de una coincidencia, para nada casual.
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Chauvinismo presidencial: El ajustado vocablo “chauvinismo” se repite en una nota publicada en el periódico News Argenchina, de una agencia noticiosa que expresa a la colectividad china.
El artículo reacciona antes las declaraciones de Macri mimando a la multinacional Carrefour, condoliéndose por las dificultades que le causaría “la competencia desleal” de los pequeños mercaditos debarrio. Imagina que el presidente obra así por estar mal asesorado, un modo de dulcificar como describe sus dichos: una “acusación sin fundamentos es Xenófoba, Racista, Estigmatizante, Injusta, Cruel y Cobarde” (sic, ver http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8816:la-comunidad-china-en-la-argentina-entristecida&catid=19:comunidad&Itemid=17)
La opción preferencial por los ricos y por las empresas oligopólicas justifican la réplica.
Una digresióndentro de la digresión.Un agujero negro oscurece la narrativa de Macri: Carrefour despide empleados en otros parajes, hasta en su suelo patrio. La explicación te la debo, diría el presidente.
Regresemos al eje de esta columna.
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Presiones, espadas y deudas: Con excesiva frecuencia la crónica política naufraga o encalla en la personalización excesiva. Ni Carrió ni Lorenzetti carecen de narcisismo o ambición de poder propio mas forman parte de disputas más vastas. El macrismo avanza sobre el Poder Judicial con amenazas, operaciones mediáticas y blande la espada de Damocles del juicio político sobre la cabeza de sus Señorías. La deja caer asiduamente, de modo selectivo.
La Corte perdió o traspapeló en buena dosis, falta tiempo para develarlo, la relativa coherencia y calidad de pocos años atrás. La salida de cuatro de sus miembros, el ingreso de dos nuevos alteran, naturalmente, el funcionamiento. El asedio gubernamental tensa los nervios e induce a errores o(quién sabe) a concesiones indebidas.
El conflicto objetivo entre las dos cabezas de poderes del estado escala y agrega capítulos. El escándalo de difusión de escuchas telefónicas salpica a ambos, aunque cada cual juegue al Gran Bonete.
Dentro del contexto, parafraseando un proverbio célebre, Lilita no es Carrió, es Macri.
Los Supremos adeudan todavía la rectificación de la oprobiosa sentencia que extendió a los criminales de lesa humanidad el derogado 2x1. La reacción colectiva forzó la retractación que debería concretarse pronto. El 10 de abril la mayoría (todos menos Rosenkrantz) dictó sentencia en el expediente “Videla Jorge Rafael y otros” confirmando la perduración de la jurisprudencia construida a partir de 2003 sobre juzgamiento a crímenes de lesa humanidad. Por ahí, emitió una señal promisoria, un preludio de lo imprescindible.
En simultáneo, en la semana que se va, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría intervino el Partido Justicialista en un fallo insostenible y ridículo a la vez (ver páginas 6 a 9).
El intendente en ejercicio de Río Turbio,Atanasio Pérez Osuna, padece cárcel igualmente infundada. Los designios del macrismo prosperan bastante en el Foro, fuera cual fuera el móvil de los magistrados.
Los dos expedientes que reseñamos, uno ya listo para sentencia, otro que seguramente llegará en un mes o dos, atañen a los intereses materiales del funcionariado macrista y al modelo represivo que está de moda en la aldea global y en este Sur. Podrían ser casos piloto que mejoren o agraven la flaqueante calidad institucional. Habrá que ver.
