A raíz de una nota aparecida en infobae, firmada por el columnista Gustavo Mura, de acuerdo con la cual la familia de Santiago Maldonado ya habría recibido de parte del Estado un total de 1.600.000 pesos, a razón de 200 mil pesos mensuales desde el 1 de agosto, el día de su desaparición, la familia Maldonado aclaró que "ante la desaparición forzada de Santiago, el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llegó: quiénes fueron los responsable de la desaparición y muerte de Santiago”.
A través de un comunicado, la familia del joven muerto tras la represión de Gendarmería en la comunidad Pu Lof de Cushamen, reiteró que "no somos militantes partidarios, buscamos Verdad y Justicia para Santiago". "Si eso nos transforma en blancos de personas despiadadas -agregan los Maldonado-, les avisamos que los ataques no nos van a detener porque contamos con la fuerza de la enorme mayoría de las personas de paz que habitan nuestro país y el resto del mundo y nos abrazan con su solidaridad”.
El mismo comunicado aclara que casi un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado se inició un expediente en el Ministerio de Justicia para que se pusieran a disposición de la familia "los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago”.
El ministerio encabezado por Germán Garavano respondió en aquel entonces que brindaría a la querella de la familia "el apoyo que le sea requerido”. Más adelante, los Maldonado recuerdan que “el derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es una norma (...) que genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva”, y que en la Argentina tiene rango constitucional.
“El apoyo económico recibido, que se encuentra debidamente documentado y justificado ante el Ministerio de Justicia de la Nación, está a disposición de quien así lo requiera”, afirman los Maldonado, quienes además niegan que el Estado haya pagado los honorarios de la abogada querellante Valeria Heredia, tal como afirmaba la nota de infobae.
La familia del joven artesano subraya, además, que “a partir del 2 de agosto de 2017 nuestras vidas cambiaron abruptamente, debimos dejar nuestra casa y nuestro trabajo". Por último, los Maldonado reivindican "la solidaridad de infinidad de personas, las que también nos acompañan todos días con sus palabras de afecto y estímulos”.
