Despotrican contra el tarifazo pero no reniegan del gobierno. Son taxistas de Buenos Aires. Las redes publican anécdotas, se quejan porque “todo está mal”, pero siguen apoyando porque “vamos bien”. Pero están los otros, Jorge Di Paula contó en América 24 que votó a Macri, se afilió al PRO y militó en la campaña. El jueves era uno de los movilizados contra el tarifazo. César Cabrera también reconoció por Radio del Plata que votó a Macri y ahora es uno de los 350 despedidos de la General Motors. Hay cifras que pegan. Durante 2016, el salario promedio perdió 6,7 por ciento por la inflación. En 2017, 5,5. Y la inflación ya es un mal menor frente a los tarifazos. La canasta de servicios que antes implicaba el 5 por ciento del salario promedio, ahora se come casi el 25 por ciento. El impacto de los tarifazos supera los estragos que produce una inflación que sigue en ascenso, agrava todos esos índices y vuelca una parte de la población a las calles con ruidazos y tarifazos que se sintieron más en el conurbano y en las provincias que en la CABA.

La protesta existe, se extiende, pero no llega a estar a la altura de los garrotazos recibidos. Y esa discrepancia se asienta en el colchón de aguante que un sector muy representado por los porteños pudo reunir durante los doce años del gobierno anterior. La caída es más pronunciada, pero el piso está más abajo. Todavía los golpes son más fuertes que las respuestas.

Ese estado de movilización, de replanteos y contradicciones va modificando la política. Algunos miden a Cristina Kirchner y otros a Mauricio Macri. No son correlativos, Macri quiere repetir, ya es candidato, en cambio Cristina Kirchner prefirió el perfil bajo y no dio señales de querer hacerlo. Para los dos la medición es alta, pero la de Macri va en fuerte descenso. Y ya aparecieron también encuestas que revelan que esa caída tiene un efecto de arrastre sobre la gobernadora María Eugenia Vidal.

Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar. Hay una expectativa exagerada en el oficialismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años. En el gobierno aseguran que se construirán más rutas que durante los 60 años anteriores y que esas obras traccionarán al resto de la economía.

En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado. Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo. Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.

El periodista Alejandro Bercovich publicó en BAE Negocios que en la misma City local se estima que el nivel de sobreprecios que implicarán estas obras rondará el 300 por ciento y que el gobierno otorgó importantes beneficios a las empresas que participen en las PPP. Bercovich advierte que los contratos no brillan por su transparencia, “al menos así lo denunciaron ActionAid y otras 157 ONGs y sindicatos de 45 países en octubre último: ‘Su experiencia ha sido abrumadoramente negativa’”. Y agregaron que “son atractivas porque pueden esconderse de la hoja de balance para que no aparezcan en los presupuestos ni en las cifras de deuda del gobierno, pero el gobierno suele ser obligado a rescatarlas y asumir los costos”.

  Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos. Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones. El desastre de la cosecha cae justo en el año electoral que decidirá la continuidad de la experiencia ultraneoliberal de radicales y conservadores reunidos en la alianza Cambiemos.

Las PPP buscarán la reelección de Macri, junto con las corporaciones mediáticas, comprometidas con la campaña conservadora. Cambiemos dio a entender que buscarán repetir en CABA, en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. No habrá renunciamientos ni enroques. Pero las encuestas cada vez más le indican que si el peronismo consigue una candidatura unificada, sus posibilidades se reducen drásticamente.

Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini de Cubría para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo. La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma aparece así como una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.

Durante la semana, Barrionuevo presentó a sus colaboradores Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, criticó al gobierno y trató de convencer que buscaba un triunfo peronista para el 2019 para lo cual pensaba convocar a Sergio Massa,  Juan Manuel Urtubey y José Manuel de la Sota a una interna que decida las candidaturas para 2019. También tuvo elogios para Miguel Pichetto y Diego Bossio.

Pero con chicanas despectivas dio a entender que en ese armado no tenía lugar la fuerza más importante del peronismo que en este momento está representada en el kirchnerismo. Aunque en declaraciones posteriores trataron de disimularlo, el objetivo es que haya dos candidaturas peronistas en 2019, lo que los convierte en funcionales a la estrategia del macrismo. En el supuesto de que hubiera dos propuestas, si a ellos les fuera bien, podrían crear las condiciones para que Macri ganara en primera vuelta. Por más bien que les fuera, lo cual es muy difícil, siempre quedarían en tercer lugar y no entrarían al ballotage. La propuesta de Barrionuevo-Campolongo-Bárbaro lleva abiertamente a la derrota del peronismo al dejar afuera a su vertiente más numerosa. Y pondría en riesgo la continuidad del peronismo en varias provincias, si algunos de los gobernadores se encolumnaran con ellos y obligaran a la presentación de dos listas.

Urtubey salió tercero en su provincia en las últimas elecciones y el peronismo está al borde de perder en Córdoba. Pichetto y Bossio no agregan un solo voto. Y el 13 por ciento bonaerense de Massa tendría problemas con una tropa ya dividida. Graciela Camaño, jefa del bloque de diputados del massismo es la esposa de Barrionuevo y no quiere ningún proceso que incluya al kirchnerismo. Pero en ese proceso ya están participando dirigentes como Felipe Solá y Daniel Arroyo.

Barrionuevo y Bárbaro hicieron campaña para el macrismo. El titular de los gastronómicos, Dante Camaño, cuñado de Barrionuevo y hermano de Graciela, recibió en la sede de su sindicato a Mauricio Macri y afirmó que por primera vez en 40 años se sentía representado por un presidente. No se trata de un grupo representativo. La mayoría son dirigentes muy desprestigiados en el peronismo y con una pobre imagen por fuera.

La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. Y sobre todo se centrarán en demonizar a Cristina Kirchner, la Cámpora, el kirchnerismo y sus adyacencias. La sola presencia de una intervención del PJ que exige la exclusión del kirchnerismo, en medio de una tremenda bronca social por los tarifazos resulta indicativa. Bajar la bronca por el tarifazo construyendo una amenaza  más grande también ha sido un lugar común del macrismo, y allí está Cristina Kirchner y el kirchnerismo.

Siempre quedará la duda si la jueza Servini de Cubría quiso realmente intervenir el PJ para favorecer a Macri o tuvo otra intención. Un argumento tan frágil como intervenir al principal partido de oposición porque perdió las elecciones es demasiado endeble para una jueza con su experiencia. Y el nombramiento de un interventor que provoca tanto rechazo es antipolítico. Quizás tanto grotesco fue una picardía de la jueza.