El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció hoy su decisión de dar marcha atrás con el paquete de reformas de la seguridad social que aumentaban las cuotas patronales y laborales y reducían en un 5 por ciento las pensiones de los jubilados. La reforma aprobada por el gobierno el 16 de abril y que Ortega ahora promete derogar tuvo como respuesta protestas ininterrumpidas desde el miércoles pasado, en las que al menos 28 personas murieron y cientos resultaron heridas, según los cálculos de organizaciones humanitarias.
La mayoría de las víctimas fatales fueron estudiantes y también falleció un periodista que transmitía en vivo durante las más de 40 protestas contra la reforma a la seguridad social que la Policía y las Fuerzas Armadas disolvieron a balazos en 14 ciudades del país.
Ortega había manifestado ayer la voluntad de iniciar un diálogo para reformar los aumentos aprobados al sistema de pensiones y hoy anunció la derogación. “El gobierno está totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz”, anunció a través de la cadena nacional. Además, el mandatario aseguró que sus representantes estaban listos para discutir el decreto y hacer ajustes o redactar un nuevo decreto si fuese necesario.
En Managua, donde la noche del jueves los ciudadanos hicieron sonar cacerolas en señal de adhesión a las protestas de los estudiantes que comenzaron el miércoles y recrudecieron durante el fin de semana. En la capital y las principales ciudades del país cientos de uniformados coparon las calles, mientras tres universidades importantes permanecían ocupadas por manifestantes y rodeadas por policías. Durante las protestas se denunciaron también fraudes electorales, aumentos de los combustibles, episodios de violencia institucional y muertes sin explicación de campesinos opositores.
La portavoz de la ONU, Liz Throssell, condenó los ataques sufridos por diez periodistas el primer día de incidentes en Managua, el pasado miércoles, y consideró “preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo los hechos hayan sido cerrados por el gobierno”. En un comunicado la ONU pidió al gobierno “cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación”.
