El desfinanciamiento y la subejecución del presupuesto universitario aumentaron progresivamente desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri. De acuerdo con el informe “El ajuste en las universidades argentinas”, desarrollado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu, las políticas aplicadas por el Gobierno generaron la paralización de programas “necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario”, y redujeron las becas estudiantiles.
A partir de datos oficiales de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Ministerio de Hacienda, el informe documenta los montos y modalidades del ajuste que ya ha sido denunciado por docentes, investigadores y estudiantes, y que, según se anunció en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, sumó un nuevo recorte de 3 mil millones de pesos.
“El informe muestra que, aún de no aplicarse el último recorte anunciado, hay un ajuste que ya se produjo”, explicó la directora del IEC, Yamile Socolovsky. “Durante todo el año 2016 hubo atrasos en los pagos a las universidades nacionales, obstaculizándose el normal desenvolvimiento de las actividades. En 2017 se siguieron manifestando las mismas tendencias: concentración del gasto en los salarios y bajos niveles de ejecución en el presupuesto asociado con los programas de desarrollo universitario. También es muy fuerte la subejecución en las partidas destinadas a financiar los hospitales universitarios”, detalló.
- Desfinanciamiento. La inversión nacional en las universidades pasó de representar un 0,86 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2015 a un 0,79 por ciento en 2016, el valor más bajo desde 2011, y sobre un PBI un 2,3 por ciento menor en términos reales. (Aún no están los datos referidos a 2017.) Durante la década anterior, el financiamiento universitario creció de un 0,55 por ciento en 2006 a un 0,86 en 2015, proceso que se enmarcaba en la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, que dispuso que los recursos destinados a educación debían representar un porcentaje cada vez mayor del PBI.
- Subejecución. Del presupuesto asignado a las universidades nacionales, 700 millones de pesos quedaron sin ejecutar en 2016 y 738 millones en 2017, cifras que representan el nivel de ejecución más bajo de los últimos diez años. El año pasado la subejecución afectó particularmente el financiamiento de los hospitales universitarios, a los que se devengó sólo el 74,2 por ciento de su presupuesto original. En 2017 los ministerios que más subejecutaron el presupuesto universitario fueron los de Educación (más de 518 millones de pesos retenidos), Desarrollo Social (37,2 millones), Trabajo (37,2 millones) y Modernización (36,2 millones).
- Deudas. Además de subejecutar fondos, el Gobierno se atrasó en el envío de los recursos previstos. Al finalizar 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a 10.993,4 millones de pesos, el 12,3 por ciento del presupuesto ejecutado. Los Programas de Desarrollo Universitario, que incluyen, por ejemplo, planes de infraestructura, acciones complementarias a las becas y extensión universitaria, estuvieron sin fondos, y por lo tanto paralizados, hasta el segundo semestre de 2016, cuando comenzaron a ejecutarse algunas partidas, pero más del 60 por ciento de los recursos se ejecutaron entre noviembre y diciembre, situación que se repitió a grandes rasgos en 2017. “Al igual que ha ocurrido con otros programas de ayuda social, como la Asignación Universal por Hijo, la interrupción de su provisión implica normalmente un impacto que excluye definitivamente a sus beneficiarios del sistema”, destaca el informe del IEC.
- Becas. La cantidad de becas otorgadas por la SPU a estudiantes de bajos recursos cayó un 35 por ciento en dos años, pasando de 23.019 en 2015 a 14.985 en 2017. Mientras que las becas para carreras prioritarias disminuyeron un 25 por ciento, de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017. En el mismo sentido, el programa Progresar, que hasta el año pasado ejecutaba la Anses, y que en 2018 está a cargo de la SPU, también fue víctima del ajuste: en 2017 tuvo 27.748 beneficiarios menos que en 2016. (Para este año, habrá que ver cómo impactan los cambios anunciados por el Gobierno.)
- Salarios. El informe estima que al finalizar 2016 la pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios fue de entre 8 y 10 puntos, luego de que el Gobierno se negara a aplicar la cláusula de revisión por inflación que incluyó el acuerdo paritario de ese año. Además, el estudio destaca que en 2018, mientras todas las previsiones indican que la inflación anual superará el 20 por ciento –con altas probabilidades de alcanzar un 25 por ciento–, el Gobierno pretende fijar un límite del 15 por ciento para la recomposición salarial, tal la oferta que realizó ayer en la negociación paritaria (ver nota aparte).
Informe: Inés Fornassero.
