“Es una cuestión de salud publica”, advirtió Carmen Storani al principio de su intervención, en la que recordó que la provincia de Buenos Aires –donde, contó, en 2017 se realizaron 7214 abortos no punibles– tiene protocolo de atención de esos casos desde 2012, y contó dos situaciones para ilustrar las “complejidades” en la práctica cotidiana. En uno de los casos que escogió para demostrar las dificultades para hacer cumplir esos casos autorizados por la ley, la mujer era víctima de violencia de género y se encontraba en una situación psicosocial altamente vulnerable. “Era tal el grado de vulnerabilidad y desvalimiento de esa mujer que no lograba visualizar que podía solicitar” la interrupción del embarazo, algo para lo que luego “resultó necesario pasar a buscarla por su casa, acompañarla, temía por su vida”. El segundo caso fue el de una mujer que había sido “víctima de violación por parte del padre de sus cuatro hijos, no conviviente con ella y que tenía exclusión del hogar”. El hombre había ingresado violentamente en la casa y la había violado; la práctica se realizó, “pero de noche el personal del hospital dejó al lado de su cama una bolsa con el feto y se le dijo repetidamente ‘para que aprenda y no vuelva a cometer un aborto’, a pesar que había invocado una causal que está absolutamente contemplada en el protocolo y en la ley de 1920. Pero era el disciplinamiento social, que le decía no podés denunciar al padre de tus hijos a pesar de que entró violentamente a tu casa y te violó”.

A su turno, Eduardo Valenti, director del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, dio cuenta de una encuesta entre más de mil ginecólogas y ginecólogos del conurbano bonaerense: “El 64 por ciento está de acuerdo con la despenalización, el 28 por ciento dijo que no, el 8 por ciento se guardó la opinión. Considerando solamente a las mujeres, el 71 por ciento de las tocoginecólogas dijo que está de acuerdo”. Valenti advirtió los problemas que médicas y médicos encuentran en la práctica cotidiana: “el Protocolo dice que no es necesaria prueba de la violación, que debemos hacer la interrupción voluntaria del embarazo, nos apoya la Corte Suprema de Justicia”. Pero mientras “el Poder Judicial dice que sí, el Poder Ejecutivo dice que no y el Poder Legislativo todavía no se ha expedido. Tenemos una angustia muy grande. Queremos una ley para poder trabajar correctamente”.