La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó el traslado del juez Eduardo Farah a un Tribunal Oral Penal Económico. Se espera que en las próximas horas el plenario de ese organismo convalide el traspaso que dejará a la Cámara Federal porteña con dos vacantes listas para ser cubiertas por jueces propuestos por el Gobierno.

La voluntad de cambiarse de tribunal fue tomada por el propio Farah para esquivar los embates del oficialismo, que lo había puesto en la mira de un juicio político tras haber fallado en contra de la voluntad del macrismo en causas que eran de sumo interés para el presidente Macri, como el caso de Oil Combustibles y aquella en que están imputados el empresario Cristóbal López y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El traslado temporal de Farah desde la Cámara Federal al Tribunal Oral Penal Económico 1 de la Ciudad Buenos Aires es un enroque que también favorece a la alianza Cambiemos. Desde hace tiempo el Gobierno tiene como objetivo poner jueces afines esa cámara. Ahora podrá hacerlo, ya que además de Farah, el otro integrante que pidió licencia médica fue Jorge Ballestero. Con lo cual, el cuerpo quedó con dos vacantes y un solo juez, el presidente de ese tribunal, Martín Irurzum, de buena relación con el macrismo.

La importancia de tener el control de la Cámara Federal reside en que allí residen las causas de apelación con un claro trasfondo político sobre las cuales la administración de Cambiemos puso muchas fichas. Una de ellas está en la Sala II y es la muerte del fiscal Alberto Nisman, la otra está en la Sala I y tiene pendiente la revisión del procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, tal como lo precisó hoy Página/12.

Sobre Farah pesaba una denuncia por supuesto “enriquecimiento ilícito” y “tráfico de influencias”. El Consejo de la Magistratura se aprestaba a tratar esa causa que se disparó luego de que el magistrado votara junto a Ballestero el cambio de carátula que benefició a Echegaray, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, por presunta defraudación y apropiación indebida de tributos.

De los seis cargos que tiene la Cámara, sólo dos hoy están cubiertos: uno por Irurzun y otro por Leopoldo Bruglia, un juez que viene de un tribunal oral federal designado por medio de un traslado, por impulso de Cambiemos, sin acuerdo del Senado.