Opinión
El día de los inocentes
Imagen: DyN

A punto de hacer un año que Milagro Sala fuera detenida, que sobre ella pese una acumulación de cargos y se encuentre en una situación de privación de libertad que me hace sonrojar como profesional de la justicia, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, Argentina, donde se ve su proceso, ha decidido que hasta el 28 de diciembre no se leerá la sentencia por la actual causa juzgada, la supuesta organización de un escrache contra el gobernador Morales. 

El 28 de diciembre coincide en España con la celebración del Día de los Inocentes, en conmemoración de aquellos cientos de niños, apenas recién nacidos, que la historia bíblica relata que Herodes mandó matar para evitar que alguno de ellos fuera el esperado Mesías y acabara con su reinado. 

No puedo evitar el paralelismo de esa orden injusta y criminal con esta acción de la justicia argentina de la mano ¡ay! como parece evidenciarse, del poder político que contraviene la sensatez, el espíritu de la ley y hace temer por la independencia judicial y por ende por los derechos de los ciudadanos de ese país. 

Pase lo que pase el 28, el daño a la causa de la justicia ya está hecho. Lo más grave es que se consiente esta situación por un sector de la judicatura, de la política y de la sociedad, sin más argumentos que la parcialidad y el sectarismo contra quien ha defendido valores democráticos de una forma decidida y honesta, como Milagro Sala.

El modo en que fue detenida a petición de la Fiscalía tras un primer rechazo del juez; la propia detención el 16 de enero de este año con un importante despliegue policial para “capturarla” en su casa, las excusas para rechazar el habeas corpus solicitado... antecedentes que culminan con la orden de excarcelación del juez el 29 de enero automáticamente anulada por un nuevo arresto basado en defraudación, extorsión y asociación ilícita, demuestran la contaminación insubsanable de cualquier acción contra Milagro, transformándose en una auténtica persecución política. 

Leo, con perplejidad, esta relación de acontecimientos no en una crónica periodística sino en un documento de redacción irrefutable por su rigurosa documentación. 

Me refiero a la opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que ha dedicado tiempo, indagaciones y reflexión a este caso para concluir primero en marzo con un llamamiento urgente al Gobierno del presidente Mauricio Macri para la puesta en libertad de la detenida o, en caso contrario, presente una justificación por escrito. 

Ya en octubre, el organismo de Naciones Unidas reclamó la liberación inmediata de Milagro Sala. 

Esta resolución, es de valor imperativo para Argentina, derivado de la Carta de San Francisco de 26 de junio de 1945 (artículos 1, 56, 103) y de la Resolución 60/251 de la Asamblea General por la que se aprobó la creación el Consejo de Derechos Humanos. 

La sumisión expresa o tácita de los Estados a los procedimientos de control de derechos humanos como el GTDA (Argentina votó a favor de aquella Resolución) imponen el deber de cumplir, sin excusa alguna. En caso contrario, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá que adoptar algún tipo de decisión que el ejecutivo se vea obligado a asumir.  

Sin embargo, impertérrito, el presidente Macri desoye estas voces y estas normas, al igual que no le han hecho mella las denuncias, peticiones y reclamaciones de organismos internacionales, de entidades de Derechos Humanos de todo el mundo, de académicos, de investigadores, de juristas, del Primer Ministro de Canadá, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del propio secretario general de la OEA,  que mediante un escrito abogaba por la inmediata liberación.

En el entreacto, un proceso a medida contra Milagro Sala, en el que aparecen una serie de jueces situados ad hoc, e incluso la posibilidad de remoción de un juez y un fiscal que no parecen encajar en lo que dicta la voluntad política y una esperpéntica propuesta de ley sobre la libertad o no de quien, a estas alturas, es claramente la víctima de todo este despropósito.

¿Y todo esto para qué? ¿Por qué es merecedora de tanta atención y de tan severo castigo esta mujer? Su delito parece ser tremendo: Organizar a los excluidos, buscar herramientas para que trabajaran y vivieran dignamente, aprovechar la oportunidad que el Gobierno de Kirchner facilitó para cambiar una vida de miseria por una vida digna a miles de personas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado allí, he hablado con los afectados, he comprobado que se sentían protagonistas de su propia historia, sin trampas, sin mentiras.

Y eso es muy peligroso. Una vez  eliminada la Presidenta e incluso cuestionada legalmente, Macri, en su objetivo de enterrar todos aquellos avances y libertades duramente obtenidos por el pueblo argentino en los últimos doce años, puso en la mira las cooperativas de Tupac Amaru, 15.000 cooperativistas de los cuales sólo un tercio se relaciona con la organización. Me dicen que al día de hoy se están desmantelando instalaciones y actividades.

A esa iniciativa de indudable importancia por la cohesión y fuerza social que implica, hay que sumar que Milagro Sala fundó el partido de la Soberanía Popular. Fue en 2012 y un año después ya contaba con cien mil afiliados. No, el Gobierno de Macri tiene claro el riesgo que suponen Sala y sus acciones. 

Como también siente ese miedo el gobernador Morales, incapaz de defender políticamente lo que reprocha a aquélla.

La imputada se presentó, apenas hace unos días, ante el tribunal, por la acusación de haber intervenido en una manifestación contra el gobernador Morales en 2009 cuando era senador. Pese a que esté demostrado que no se encontraba presente, los magistrados consideran que protagonizaba la organización del escrache. Por ese motivo la juzgan por amenazas coactivas, con una pena duplicada de cuatro años. Además de las dos acusaciones de instigar a cometer delitos y tumulto en concurso real, tras su detención, en plena orgía jurídica, se añadieron dos nuevos cargos, acción de amenazas ante supuestos altercados con la policía y asociación ilícita referidos a la gestión de recursos del Estado. Acusación esta última del propio Morales que refiere que faltan 29 millones de pesos, habla de obras sin realizar y demás temas económicos. 

Mientras la vista se celebraba, en la calle la policía reprimía de forma contundente a dirigentes del Frente para la Victoria que deseaban acompañar a Sala. En fin, un espectáculo que escenifica el descrédito evidente de la acción de la justicia.

Ella dijo ser víctima de una persecución política, afirmación que a todas luces tiene indicios de ser correcta y añadió algo más sobre tal escrache, que también creo, porque la conozco: “Si lo hubiera organizado habría estado al frente”. Percibe por tanto su situación con claridad y así lo ha expresado de forma irónica dirigiéndose a su principal acusador: “Le pido perdón a Gerardo Morales por ser negra y coya (indígena)”.

Entre tanto, frente a la presión internacional y el malestar de muchos ciudadanos argentinos Macri se remite a la  acción de los tribunales. Pero en el fondo no puede estar tranquilo. Lo quiera o no Argentina  tiene la obligación de cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo de la ONU. Olvida este dirigente el aserto que sabiamente expusiera el canciller alemán Willy Brandt: “abrir la puerta a la primera injusticia es hacerlo a todas las que le siguen”

Nunca dejará de maravillarme esa política del avestruz de la que hacen gala algunos mandatarios de obviar lo evidente. 

En este caso no querer ver el ejemplo de politización de la justicia que está dando Argentina; el tremendo error que se ha cometido al seguir ese camino y la esclerosis de un sistema que permite el control político del sistema judicial.

Y ello sin que levante ampollas en un país en el que la consolidación de los derechos humanos era una realidad y que ahora, por beneficios oscuros e ideologías que confunden la defensa de los ciudadanos con los intereses propios, conducen al descrédito y al señalamiento internacional.

Escribió el historiador Flavio Josefo que  Herodes, el supuesto autor de la matanza de los inocentes, estaba tan preocupado porque no se llorase su muerte, que dio orden de que en el momento de su fallecimiento se ejecutase a un colectivo de hombres ilustres para asegurarse así que en aquella hora fatídica hubiera muestras de auténtico dolor. 

La disposición no se cumplió y nadie se lamentó en el funeral del monarca. La historia enseña pues que ése es el destino de aquellos gobernantes que no miran por su pueblo.

* Magistrado juez