El debate por la despenalización y legalización del aborto ingresa en su segundo mes en la Cámara de Diputados. Pero todavía quedan por ser escuchados unos 430 expositores y expositoras, más de los que pasaron hasta ahora, que fueron casi trescientos. Por esa razón, se resolvió que cada martes y jueves, a lo largo de mayo –si no hay bajas– serán unos 54 por jornada, según adelantó a PáginaI12 el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General y quien tiene a cargo la conducción de las plenarias. Pero el compromiso asumido por los titulares de las cuatro comisiones que intervienen –además, Legislación Penal, Familia y Mujer y Salud– es que el 31 de mayo sea el último día de oradores y en la semana siguiente se avance con la firma de los dictámenes que se llevarán a votación al recinto, lo que se espera suceda antes de mediados de junio. ¿Qué argumentos jurídicos, científico-médicos, y sociales y culturales, se esgrimieron hasta ahora? El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Reaas) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) viene monitoreando las reuniones y realizó un contraste con las diferentes posturas, con los hallazgos que se sintetizan en estas páginas.

“La decisión política es trabajar con el proyecto de la Campaña como base, al que probablemente le hagamos algunos agregados que tomemos de las otras propuestas presentadas”, precisó Lipovetzky, sobre el texto de la ley que finalmente podría llegar a votarse.  

–¿Qué impacto está teniendo el debate al interior de la Cámara de Diputados? –le preguntó este diario.

–Noto que gente que estaba segura del no, ahora tiene dudas. Pero también lo que estamos viendo es que todavía es mucho más pareja la votación entre los que están a favor y en contra adentro del Congreso que en la sociedad, donde claramente se nota un apoyo mayoritario a una ley de interrupción legal de embarazo que amplíe los permisos ya existentes –analizó el diputado oficialista, de la corbata verde.

Las posturas entre quienes están a favor y en contra parecen irreconciliables, sin puntos de acuerdo. El monitoreo de ELA, Reaas y Cedes se centró en las dos primeras semanas de debate –78 exposiciones a favor y 79 en contra, en cuatro sesiones–, y encontró que los argumentos jurídicos que defienden la propuesta de la Campaña giraron en torno a que el cambio legal desde un sistema de regulación del aborto exclusivamente basado en causales (como el que está vigente) a otro de plazos es consistente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina. Por el otro lado, los que se oponen, apuntaron a defender la protección jurídica de la vida desde la concepción y sostener –erróneamente– que legalizar el aborto violaría la carta magna y tratados ratificados por el país.

Desde el punto de vista médico, se impuso la idea de que las consecuencias de la criminalización del aborto constituyen un problema de salud pública y junto a la legalización del aborto se deben garantizar la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción como políticas públicas. En cambio, las posiciones médicas en contra se centraron en el comienzo de la vida.

Los argumentos estadísticos y en base a datos rondaron, a favor, alrededor de la tasa de mortalidad materna por aborto, la estimación de abortos clandestinos y los datos sobre reducción de mortalidad materna y de cantidad de abortos en países que lo legalizaron. Las voces en contra apuntaron a desacreditar las estimaciones de interrupciones de embarazo y el impacto de las muertes por aborto en el total de fallecimientos de mujeres. Y a afirmar que la legalización no las disminuye.

Los argumentos sociales y culturales a favor, en tanto, señalaron que el avance normativo contribuiría a una sociedad más igualitaria y justa. También se sostuvo que el Estado tiene el deber de proteger y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, se hizo especial hincapié “en la poca relevancia que tienen para el debate las creencias personales, religiosas o morales de algunas personas dado que el Estado representa a la sociedad en su conjunto y esta se encuentra a favor de la despenalización y legalización del aborto”, advierte el informe del monitoreo. Las voces en contra, en este eje, se centraron en la protección de la vida desde la concepción y en la generación de alternativas para dar acompañamientoa las mujeres embarazadas. Además, se afirmó que el aborto es una práctica que atenta contra la demografía del país y que genera discriminación, violencia, sexualidad forzada y situaciones de abuso. También se puso énfasis en supuestas consecuencias del aborto para las mujeres.