El Ministerio de Energía se presentó el viernes 27 de abril ante la Justicia para solicitar que se rechace la demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) en la que pide declarar la nulidad de las resoluciones que autorizaron el último aumento del gas. La cartera conducida por Juan José Aranguren busca refutar que la aplicación del incremento en abril, en lugar de en mayo, haya violado las reglas básicas de la licencia generándole un perjuicio al usuario, cómo argumentó Cepis. No obstante, más allá de la cuestión legal, el gobierno sorprendió en el escrito al afirmar que el tarifazo es de interés público porque favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del medioambiente.
Bajo el subtítulo “el interés público comprometido por la pretensión cautelar”, en la presentación dice que Argentina confirmó su compromiso internacional con la agenda del cambio climático mediante la aprobación de la Ley 27.270 que ratificó el Acuerdo de París en septiembre de 2016, en particular en lo referido a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ese compromiso supuestamente estaría siendo puesto en riesgo por Cepis al cuestionar el tarifazo. “En caso de volver al esquema tarifario anterior al sendero de recomposición de las tarifas iniciado a comienzos de 2016 (tarifas artificialmente bajas con costos subsidiados por el Estado Nacional) estaríamos acentuando las barreras para la implementación de las medidas propiciadas por el Gobierno Nacional a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del Acuerdo de París de 2015”, se remarca.
Luego se sostiene que entre las medidas impulsadas desde el Estado Nacional para dar cumplimiento a tales compromisos se incluyen -como políticas de Estado- la utilización de fuentes de energía renovable y limpia, y una serie de acciones tendientes al ahorro de energía proveniente de fuentes fósiles que producen gases de efecto invernadero. Sin embargo, se destaca que la implementación de esas acciones “se ve desalentada por los efectos de las tarifas artificialmente bajas resultantes de los subsidios, que tornan antieconómica la inversión necesaria para la ejecución de aquellas medidas”.
“Las cuestiones ambientales no admiten dilaciones, aunque no se vea su impacto en lo inmediato. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se usa fuel oil para generar energía eléctrica (altamente contaminante) porque el gas natural debe ser suministrado en forma ininterrumpida a los usuarios residenciales que derrochan el recurso porque pagan tarifas artificialmente bajas”, asegura la cartera de Aranguren en la página 60 de la presentación hecha ante el juzgado federal Nº 2 de La Plata para defender la última suba de la tarifa de gas que acumula un incremento promedio que supera el 1000 por ciento en apenas dos años.
“Cada vez tienen menos argumentos. Defender el tarifazo desde un punto de vista ambiental es realmente insólito. Además, en este expediente ni siquiera estamos discutiendo la razonabilidad de la tarifa sino el adelantamiento ilegal del cobro del tarifario 2018, que lo aplicaron en abril cuando deberían haberlo hecho a partir de mayo”, aseguró a PáginaI12 el abogado Mariano Lovelli, titular de Cepis.
Desde comienzos de 2016, el principal argumento oficial para avanzar con la suba de tarifas fue la necesidad de recomponer la rentabilidad de las empresas para incentivar las inversiones y al mismo tiempo reducir el peso de los subsidios. “Estamos sincerando una relación en la que los costos de producción no tienen relación con la remuneración que esos costos tienen y se está haciendo cargo un Estado que está quebrado y que ha recibido una herencia que le impide mantener el estado de situación”, aseguró Aranguren luego de aplicar el primer ajuste en la tarifa de gas en abril de 2016.
El costo fiscal también ha sido en los últimos días el argumento para rechazar el proyecto de la oposición que propone retrotraer las tarifas al valor que regía en noviembre de 2017, reducir el IVA en los servicios de 21 a 10,5 por ciento y actualizar los precios por el coeficiente de variación salarial. “La oposición debe explicitar cuál es el costo fiscal que implicará su proyecto y cómo se va a financiar”, aseguró el legislador del PRO Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. A su vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo el viernes que la corrida financiera contra el peso “se agudizó por la incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso”.
En la respuesta a la Justicia, en cambio, el ministro Aranguren se vistió de verde y buscó innovar poniendo el foco en los efectos del cambio climático. “La recomposición de la estructura tarifaria del servicio público de trasporte y distribución de gas natural es parte de ese cambio integral que apunta, en esta materia, a poner fin al derroche de energía y la contaminación irresponsable, y sentar las bases para una política energética sustentable con objetivos claros en cuanto al uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente”, dice otro de los párrafos del escrito.
Por último, en la presentación se insiste con que el proceso de “normalización del sector gasífero” y la recomposición del sistema de precios y tarifas iniciado por el Estado Nacional, tiene por objeto “proteger el medio ambiente al fomentar el uso racional de un recurso que es escaso, como el gas natural, y menos contaminante que sus sustitutos (gas oil, fuel oil). El Estado no puede –ni debe– adoptar una actitud pasiva frente a posibles afectaciones a este derecho colectivo. Por el contrario, debe asumir una conducta activa para proteger el medio ambiente en beneficio de la generación actual y de las generaciones futuras”.
El texto incluso dice que “siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, puede apreciarse que, cuando la cuestión atañe de modo directo al interés de la comunidad, o en aquellas circunstancias en las cuales aparece comprometido el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado o la prestación eficaz de servicios públicos o el dominio público, la Corte acentúa los parámetros de ponderación para el dictado de la providencia cautelar”. Desde la perspectiva oficial, un rechazo a la cautelar por parte de la Justicia no debería ser visto como una concesión a las petroleras, sobrerepresentadas en el Ministerio de Energía, sino casi como un guiño a Greenpeace.
