La petrolera Trafigura Argentina SA (Tasa), la única interesada en el proceso de salvataje de Oil Combustibles (Ocsa), retiró ayer su oferta luego de que la Afip habilitara un plan de 12 meses para pagar las deudas de la empresa concursada. A través de un escrito presentado al juez comercial porteño Javier Cosentino --a cargo del concurso de acreedores de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes fueron detenidos nuevamente por supuesta defraudación al Estado-- señalaron que "resulta inviable que Tasa pueda abonar o arribar a un acuerdo de pago de las deudas fiscales y tributarias de Ocsa en las condiciones que las mentadas resoluciones internas de la Afip establecen". La petrolera holandesa apuntaba a conseguir un plan de pagos más extenso, por lo que finalmente decidió bajarse del salvataje. El juez Cosentino tiene previsto recorrer mañana las instalaciones de la ex Refinería San Lorenzo, y el jueves decidiría la quiebra, si no aparece ningún oferente.
En un escrito de seis páginas, la petrolera Tasa le comunicó al juez Cosentino que más allá de su interés en salvaguardar los activos y participar de su adquisición, se retiraba del proceso de salvataje, dejando a la petrolera del Grupo Indalo al borde de la quiebra.
El juez Cosentino tiene previsto recorrer mañana las instalaciones de la ex Refinería San Lorenzo.
Oil Combustibles acumuló una deuda de 8 mil millones de pesos con la Afip por no haberle rendido lo recaudado a través del impuesto a las transferencias combustibles. Con los intereses y punitorios, la deuda asciende a 19 mil millones de pesos. "Descartada la conformidad del mayor acreedor, resulta a todas luces inconveniente transitar el camino establecido por los arts. 48 y ss. de la Ley de Quiebras, cuando se conoce ya el desfavorable resultado final", apuntaron los responsables de la empresa holandesa, dueña en Argentina de la red de estaciones de servicio Puma, los únicos interesados en el proceso de salvataje.
Para Tasa es "evidente la imposibilidad de obtener las conformidades que exige la normativa falencial antes citada, con lo que la decisión de abandonar el proceso de cramdown iniciado resulta la única posibilidad racional desde el punto de vista económico".
"Procesalmente, con la bajada de Trafigura ya no queda otro oferente y no queda otro camino que el proceso de quiebra, al juez no le queda otro paso", lamentó el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Héctor Brizuela, en diálogo con Rosario/12. "Nosotros vamos a intentar que sea quiebra con continuidad, aunque sabemos todos sus efectos para los trabajadores, situación de los contratos, algunos no van a seguir, la indemnización. Sabemos que detrás de la quiebra viene la precarización", agregó con preocupación el dirigente gremial sobre el destino de los 450 puestos de trabajo.
"Ahora tenemos que hablar firmemente con los síndicos y el juez por el tema de la cooperativa ya constituida para tener un rol relevante, nosotros queremos ponerla en marcha, sabemos cómo manejarla, tenemos la gente, es la estrategia que nos queda", planteó Brizuela. Desde el Supeh advirtieron sobre el riesgo ambiental por tener parada la Refinería desde el pasado 28 de febrero. "El juez debe tomar una decisión porque hay constancias obrantes y hay que controlarlo", dijo el dirigente del Supeh. Por otra parte, Brizuela cuestionó el rol del gobierno provincial en el conflicto. "Más allá de las reuniones que mantuvieron el gobernador Miguel Lifschitz con el director de YPF, y de la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, con una de las interventoras, pensamos que deberían tener un rol más activo", sostuvo el gremialista.
