La Justicia intimó al titular del BCRA en el marco de la causa iniciada por Cambiemos contra CFK y otros
Ahora Sturzenegger debe explicar el dólar futuro
El Tribunal Oral Federal 1 envió un oficio al Banco Central para que informe “si desde esa entidad se ha resuelto operar con dólar futuro”, apelando a la misma operatoria por la que desde el oficialismo se acusó a la ex presidenta y ex funcionarios.
La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK.La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK.La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK.La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK.La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK.
La medida que deberá responder Sturzenegger hizo lugar a un planteo que presentó ayer el abogado de CFK. 
Imagen: Bernardino Avila

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, deberá responder una intimación judicial que le exige informar “si en los últimos quince días desde esa entidad bancaria se ha resuelto operar con dólar futuro” y entregar las resoluciones y actas de directorio de dónde surja esa disposición. El oficio fue enviado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), que tiene a cargo la realización del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros, donde están acusados por la venta de dólares a futuro en 2015 a un valor menor al de mercado. La denuncia que inició el expediente ese mismo año fue presentada por los referentes de Cambiemos Federico Pinedo y Mario Negri, que alegaban entonces que se ponía en riesgo el patrimonio del banco. El juicio aún no tiene fecha, porque todavía las partes están presentando pruebas. Como el Gobierno salió a vender futuros esta semana para calmar la disparada del dólar, la defensa de CFK pidió que queden constancias de esa medida en el expediente, ya que las podría utilizar a su favor. Ella, al igual que el resto de los ex funcionarios, siempre plantearon que operar el mercado de futuros es una decisión de política económica pero no un delito. ¿Si hoy no es delito, por qué lo sería para el Gobierno anterior? Ese es el interrogante que está implícito.

La medida dispuesta por el tribunal hacía lugar a un planteo que presentó ayer mismo el abogado de la ex presidenta, Alberto Beraldi, con información periodística que daba cuenta lo que es una noticia ya extendida: que el BCRA salió a vender dólar futuro para calmar el dólar. El pedido apuntaba a que la entidad informara sobre todas las medidas adoptadas en las últimas dos semanas para frenar el alza de la cotización del dólar, pero por ahora el tribunal lo limitó al mercado de futuros que es el eje de la causa por la que CFK obtuvo su primer llamado a indagatoria y procesamiento en Comodoro Py en base a esta causa impulsada antes de que terminara su mandato. Hace diez días el tribunal definió las pruebas pedidas por las partes. Otra de las cosas que pidió fue la versión taquigráfica de la reunión en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, donde el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se refirió a su intervención en la operatoria de dólar futuro. Una vez que el BCRA envíe la documentación que el TOF 1 le reclamó de manera urgente, una posibilidad es que alguna de las defensas plantee lo que en Derecho se llama “excepción” por inexistencia de delito. Esto pondría al fiscal del juicio, Diego Velasco, y luego a los jueces, en posición de tener que pronunciarse.

Los contratos de dólar futuro son herramientas que se utilizan para estabilizar el mercado, en Argentina y el resto del mundo, como para dar una señal de tipo de cambio y tasa de interés. La operatoria establece un precio del dólar para una determinada fecha y si ese día del vencimiento la cotización es más alta, el comprador tiene una diferencia a su favor, y si es más baja la compensación es para el Estado. Los contratos son en pesos, por eso frenan la pérdida de reservas. El gobierno actual eligió inicialmente vender reservas y no operar en futuros –después de haber cuestionado al kirchnerismo por esa política e impulsar la denuncia penal– por lo que subió la tasa de interés común, en pesos, lo que derivó en incremento de la recesión. Pero esta semana vendió en el mercado de futuros a través del Mercado Abierto Electrónico con vencimiento el 31 de mayo, y precios entre 22,85 y 23,55. Por qué cambió de estrategia, es algo que va a tener que explicar al TOF 1 y mostrar las conclusiones de sus reuniones de directorio del BCRA.

Tanto la ex presidenta como Vanoli, Kicillof y ex integrantes del directorio del BCRA, como Pedro Biscay, están acusados de “administración infiel” con el argumento de que la venta de dólar futuros se hizo a precios más bajos de los de mercado a sabiendas de que eso causaría un perjuicio patrimonial. Lo paradójico es que entre quienes compraron en el mercado de futuros en 2015 había miembros de la administración actual, además de grandes empresas ligadas al macrismo. En su momento, esa circunstancia motivó una contradenuncia de un grupo de diputados del Frente para la Victoria y CFK pidió ser querellante, dirigida a quienes compraron futuros con vencimientos ya en la presidencia de Mauricio Macri, que promovió una devaluación. Esa causa tramita de manera menos expeditiva que la original, y tiene imputados por el fiscal Jorge Di Lello al propio Sturzenegger, al director Pablo Curat, al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia, al empresario Nicolás Caputo, a la firma Chery Socma, de Franco Macri, entre otros. Quintana, por ejemplo, habría “intervenido en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos” –decía la denuncia–, a la vez que la firma que dirigía, Farmacity y el fondo Pegasus, había adquirido dólares a futuro por más de 11 millones. La hipótesis es que los funcionarios fijaron el valor de referencia a su favor.

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