La Ley de Cupo Laboral Trans, sancionada en septiembre de 2015, continúa sin ser reglamentada. Ante esta situación, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LTGB) y la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina Red Nacional (Attta) presentaron el viernes un recurso de amparo para exigir el cumplimiento de la misma. La ley –conocida como “Ley Diana Sacayán”, en homenaje a la activista travesti asesinada en 2015 que impulsó esta iniciativa– establece que “el Sector Público de la provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero” y debe, además, “establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
Después de más de dos años y medio la situación laboral de trasvestis, transexuales y transgéneros sigue siendo la misma. “El Estado provincial debe atender nuestros reclamos cumpliendo con la ley. No vamos a dar ni un paso atrás”, expresó la presidenta de la Falgbt y secretaria general de Attta Red Nacional, Marcela Romero. En el amparo piden que la justicia obligue al Gobierno a reglamentar la ley y exige que el estado emplee a personas trans en la administración pública de manera inmediata. La acción judicial incluye un pedido de multa para la Gobernadora por cada día de retraso en el incumplimiento de la reglamentación.
La titular del Instituto contra la Discriminación de CABA y Secretaria General de Federación Argentina LGBT, María Rachid, consideró que también hay que exigir que la reglamentación no desvirtúe el espíritu de la ley porque, según informó a PáginaI12, en los últimos meses circuló un borrador de la reglamentación que establecía que de cada cien vacantes el estado iba a destinar una para la población trans y, ante igualdad de condiciones, iba a otorgar el puesto a esa persona trans. “¿Qué igualdad de condiciones puede tener una persona que no puede acceder a la educación formal, a la salud, a un trabajo legal? Es una población extremadamente vulnerada. Hasta 2012 se criminalizó el travestismo. Entonces, no pueden pretender que alguien trans llegue sin antecedentes penales. Pretender esto es desvirtuar la ley –expresó Rachid–. Creo que la ley no se reglamenta porque el Gobierno bonaerense y Cambiemos no están de acuerdo con medidas afirmativas para los sectores más vulnerados. Una medida afirmativa es una discriminación positiva: dar ventajas a un sector vulnerado para que pueda estar en condiciones de igualdad.”
“Luego de varios intentos por dialogar con diferentes funcionarios de la gestión sin obtener ningún tipo de respuesta no nos queda otra alternativa que recurrir a la justicia –explicó Valentina Pereyra, coordinadora de Attta bonaerense–. Todavía seguimos luchando para poder superar una expectativa de vida tan corta de 35 años. Ya a casi 3 años de la sanción de la ley, todavía seguimos esperando mientras que noche a noche nuestras compañeras siguen muriendo de las peores formas esperando poder tener una opción de elegir una mejor calidad de vida.”
