Sergio Maldonado pidió el apartamiento de la fiscal Silvina Avila
Recusada por el espionaje
La recusación señala que la fiscal incurrió en parcialidad al solicitar escuchas telefónicas de Sergio Maldonado y miembros de la comunidad mapuche. También la acusa de “falta de ética” y de proteger a la Gendarmería.
La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”.La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”.La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”.La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”.La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”.
La familia Maldonado apuntó que avila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana”. 

En durísimos términos, Sergio Maldonado recusó a la fiscal federal Silvina Avila por haber incurrido en parcialidad al solicitar escuchas telefónicas de sus conversaciones y utilizarlas en una causa conexa. “A partir de la notificación de nulidad de la intervención de los teléfonos de Santiago, de testigos de la causa y del señor (Sergio) Maldonado, es que tomamos conocimiento que la señora Silvina Avila conoció y solicitó de tales violaciones constitucionales”, dice el escrito de la abogada Verónica Heredia, al que PáginaI12 tuvo acceso. Además, este diario confirmó que el juez Gustavo Lleral elegirá qué copias enviar al juzgado federal de Daniel Rafecas, quien instruye la causa por el espionaje y tareas de inteligencia que sufrieron los Maldonado. Heredia argumentó que Ávila no respetó los “valores constitucionales” ni la “dignidad humana, un valor superior de todo el orden jurídico”. Además la acusó de “falta de ética” y de defender los intereses de la Gendarmería, fuerza que reprimió la protesta mapuche del 1 de agosto cuando desapareció Santiago Maldonado.

La semana pasada, el juez federal Lleral emitió un fallo en el que explicó que su antecesor, Guido Otranto, ordenó intervenir los teléfonos de cuatro personas: Sergio Maldonado, una integrante de la comunidad mapuche, un amigo de Santiago y un miembro de la red de apoyo a los pueblos originarios, durante casi todo el mes de septiembre de 2017. A poco de hacerse cargo del caso, el 30 de septiembre, Lleral hizo cesar las escuchas, sin embargo recién la semana pasada ordenó su nulidad y la destrucción del material que Otranto había incluido en un legajo “reservado”.

“Debe aclararse que jamás fuimos parte de ese legajo ni fuimos notificados ni de las intervenciones telefónicas, ni de sus prórrogas”, dijo la abogada Heredia en su escrito de recusación contra Avila y su secretaria, Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto. E hizo suyos los argumentos de Lleral para anular las conversaciones privadas. “El señor juez subrogante sostuvo que ‘en el proceso de habeas corpus el objeto reside en encontrar a la persona física y, si bien todos los medios de prueba pueden ser admitidos, las medidas dispuestas en este legajo resultan inadecuadas a los fines de este proceso porque la interceptación de comunicaciones afecta el derecho a la intimidad, por lo tanto no sólo se requiere la existencia de una orden judicial fundada sino la particularidad de que no exista otra medida menos gravosa para la continuidad de la investigación en busca de la verdad. Además, Sergio Maldonado es nada menos que hermano de la víctima”, y los demás espiados son “quienes han sido testigos”, destacó la letrada.

Sobre la ilegalidad de las escuchas, Heredia recordó que los códigos procesales establecen que “únicamente podrán intervenirse las líneas del imputado, no de terceros. Por tratarse de una medida de corte inquisitivo, sólo podrá hacerse cuando tenga por propósito la investigación de un hecho ya hipotetizado como delito y no en forma indiscriminada para luego analizar si de las escuchas se pueden deducir posibles hechos ilícitos”. En términos ya usados por la abogada, los que debían buscar a Santiago “salieron de pesca” de delitos.

En su recusación, precisó que “la violencia desplegada por la señora Silvina Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de Santiago fue de una magnitud sólo igualable a la desplegada por el juez Otranto, por ejemplo cuando, entre otras actitudes, justificó públicamente su negativa a atenderlos alegando que ‘eran violentos’. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención del teléfono personal de Sergio”. Y resumió: “La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición escuchaba las conversaciones de su hermano”.

Es improbable que esta cuestionada fiscal se aparte del caso, y además ya fracasaron dos intentos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para que sea recusada. En su momento, ese organismo fundamentó que “era dudoso cuál es su interés, si garantizar las condiciones para que declaren los testigos de los hechos protagonizados por Gendarmería en los que desapareció Santiago el 1 de agosto, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería, proceso en el que ella es fiscal en causa 8144/2017”. 

Para Heredia, “ahora no quedan dudas de cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado”. En tal sentido, señaló que “la falta de ética de la señora fiscal se plasma, además, en contar como su secretaria a la esposa Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones”. Se refirió así a Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, quien intervino activamente tanto en la investigación sobre la desaparición de Santiago como en la causa 8144. Ávila apeló la decisión de Lleral de destruir las escuchas con el argumento de que tienen información sobre supuestos falsos testimonios y sobre el plantado de pistas para obstruir y desviar la investigación del caso Maldonado, en ese expediente (8144) en el que están acusados de haber urdido un supuesto plan los amigos de Santiago, los mapuches y los abogados que obtuvieron la medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el joven permanecía desaparecido.

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